Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 21/01/2009 14:03
"Tras contactar con la Consejería de Presidencia y la Jefatura de Menores", según explicó el Gobierno, la institución "niega rotundamente las manifestaciones vertidas por el sindicato en la denuncia presentada ante la Fiscalía de Menores en relación al supuesto trato que reciben los jóvenes internados en Punta Blanca".
Según el Ejecutivo autonómico, "la normativa tipifica las medidas disciplinarias que se puedan aplicar a los jóvenes" en función de si sus faltas se tipifican como leves, graves y muy graves, "y el reglamento concreta las sanciones que se pueden aplicar, a lo que se ajustan siempre las actuaciones que se siguen en el centro". "Todas las medidas disciplinarias que se imponen a los menores son comunicadas no sólo a la Jefatura de servicio, sino también al propio juez de Menores, que tiene conocimiento de todos estos expedientes", concluyó la Ciudad.
El Gobierno ceutí tildó de "absolutamente intolerable" que el sindicato hable de torturas "o que compare la situación del centro de reforma con la prisión iraquí de Abu Ghraib", y mostró su deseo de que la situación "se aclare cuanto antes". En cualquier caso, la Ciudad se ha reservado su derecho de emprender acciones judiciales contra el sindicato por esta denuncia, que según su versión "no sólo falta a la verdad, si no que muestra un desconocimiento absoluto tanto de la realidad del centro como de la legislación".
Por último, el Gobierno quiso mostrar su "absoluto respaldo" a la Consejería de Presidencia, a la Jefatura del área, a la dirección del centro de reforma y a los trabajadores de Punta Blanca, "víctimas de unas acusaciones falsas e injustificables". "Al Ejecutivo le hubiera gustado por poder explicar todo esto a Comisiones Obreras, pero no ha sido posible porque el sindicato en ningún momento se ha dirigido a los responsables del área", lamentó.
Por su parte, el primer grupo de la oposición en la Asamblea, UDCE-IU, anunció hoy que mañana mismo elevará una petición "de urgencia" en el Pleno de mañana a la Corporación para solicitar la creación de una Comisión de Investigación "al objeto de esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades que pudieran desprenderse".