CEUTA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio del Interior no dispone de ningún "registro" sobre el número de 'rechazos en frontera' efectuados por la Guardia Civil en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla desde 2015, cuando se legalizó la práctica de las 'devoluciones en caliente' a Marruecos de los migrantes interceptados "mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente" a territorio español.
En una respuesta por escrito a una pregunta de la senadora de Podemos a propuesta del Parlamento andaluz Maribel Mora, de Podemos, el Gobierno de Mariano Rajoy ha asegurado que no puede detallar ni cuántos extranjeros han sido rechazados ni su sexo o nacionalidad porque "no existe un registro". "Cuando detectan extranjeros en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, la Guardia Civil lleva a cabo el desalojo", se limita a explicar el Ejecutivo en su contestación.
En declaraciones a Europa Press, Mora ha calificado como "increíble" que el Gobierno central "asuma sin rubor que incumple la propia Ley de Seguridad Ciudadana que 'legalizó' las 'devoluciones en caliente', para cuya ejecución exige que se respete la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte".
"OSCURANTISMO ABSOLUTO" DEL GOBIERNO
"O el Gobierno miente deliberadamente porque tiene algo que esconder o incumple la normativa nacional e internacional desde el oscurantismo más absoluto pero en cualquier caso tiene un problema con las 'devoluciones en caliente', que mantiene sin ningún control digan lo que digan la Defensoría del Pueblo, las instituciones comunitarias y las organizaciones internacionales", ha censurado Mora, que ha anunciado que "repreguntará" al Ejecutivo de Rajoy al respecto.
La contestación que ha recibido es, a su juicio, especialmente "sorprendente" porque "en 2015, al responder a una petición de información ciudadana basada en la Ley de Transparencia, alegó dejando entrever que existían que no podía facilitar datos sobre 'estadísticas de devoluciones realizadas' porque el acceso a información relacionada con las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control de las Fuerzas de Seguridad está limitado".
El Defensor del Pueblo recomendó a Interior desarrollar por disposición reglamentaria el procedimiento de 'rechazo en frontera' para contemplar la necesidad de dictar una resolución administrativa con asistencia letrada y de intérprete e indicación de los recursos que se podrán interponer contra ella. Además, planteó la necesidad de "dejar constancia escrita en el procedimiento de que a la persona afectada se le ha facilitado información sobre protección internacional".
