CEUTA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha citado el próximo 31 de agosto a declarar al senador por la ciudad autónoma Guillermo Martínez (PP); a la actual consejera de Hacienda del Gobierno autonómico, Susana Román (PP); y al interventor de la Administración para esclarecer si se puede deducir algún ilícito penal del pago de casi 800.000 euros públicos en publicidad institucional realizados entre 2012 y 2015 a una televisión local a la que por sentencia judicial se le había retirado la licencia para emitir.
El parlamentario nacional está citado voluntariamente como testigo por su condición de aforado y tanto la consejera como el interventor, en calidad de investigados por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos y desobediencia, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press.
El juez había colocado inicialmente a Martínez en la misma situación procesal que a los otros dos investigados. Tras ser advertido de su aforamiento se planteó inhibirse en favor del Tribunal Supremo, pero al final ha optado por invitarle a testificar voluntariamente como testigo para avanzar en la instrucción de las diligencias abiertas tras la denuncia presentada a finales de julio por una asociación de Ceuta.
El caso se refiere a los más de 780.000 euros de publicidad institucional abonados por el Gobierno autonómico que preside Juan Vivas (PP) a una televisión local desde 2012 hasta 2015, el periodo comprendido entre el momento en el que el TSJA notificó la estimación total de un recurso presentado por la editora de otro medio de comunicación local (el diario 'El Faro') y la fecha en la que se retiró efectivamente la licencia y cesó en su emisión 'Ceuta TV'.
El Tribunal de Cuentas mantiene abierta otra investigación paralela sobre las posibles "responsabilidades contables" que pudiesen derivarse de esos mismos pagos. De acuerdo con la denuncia formulada al órgano fiscalizador por 'El Faro', durante tres años se pudieron producir "actuaciones y omisiones por parte de determinados responsables de la Ciudad Autónoma que deben ser enjuiciadas a fin de depurar las posibles responsabilidades contables por los daños que se están causando a los caudales públicos al no darse cumplimiento a una sentencia y continuar realizando pagos por un contrato que ha sido declarado nulo y debió liquidarse".
"No alcanzamos a comprender que una sentencia firme con unas claras obligaciones de ejecución por parte de la Administración haya podido permanecer tanto tiempo 'metida en un cajón", ha argumentado la editora denunciante.
