La jueza que investiga la adjudicación irregular de VPO en Ceuta rechaza la petición de recusación

Actualizado 17/05/2017 20:58:17 CET

CEUTA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza que dirige las diligencias por la presunta adjudicación irregular de viviendas protegidas en Ceuta, Raquel Lucini, que investiga presuntos delitos de cohecho, prevaricación, malversación de fondos, falsedad documental y organización en banda criminal en el denominado 'caso Emvicesa' no aprecia motivos para abandonar la instrucción, pues según ha apuntado en su informe de respuesta a la recusación planteada por la defensa del principal acusado "si los hubiera advertido habría presentado la solicitud de abstención al inicio de las actuaciones".

Por ello, la magistrada considera que la causa de recusación no debe ser admitida. La defensa del exgerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa), exviceconsejero del Gobierno autonómico que preside Juan Vivas (PP) y exdiputado en la Asamblea regional, Antonio López (PP), que permanece en prisión provisional desde hace más de tres meses, solo ha recibido la adhesión a su propuesta de los abogados de uno de los otros tres encarcelados como supuestos 'conseguidores' de 'clientes' para adjudicar VPO a cambio de cantidades económicas.

La Fiscalía ha pedido que no se admita la recusación presentada porque según su criterio "se trata de una recusación extemporánea formulada fuera del plazo de 10 días desde el inicio de las diligencias que la Ley Orgánica del Poder Judicial señala". Este procedimiento se abrió en julio de 2015.

Los motivos alegados para pedir que se aparte a la jueza del caso son su "relación de amistad íntima o sentimental" con uno de los policías que han participado en las diligencias" porque "podría ser suficiente para poner seriamente en entredicho la obligada y preceptiva posición de tercero imparcial de juez frente a las peticiones que penden de su decisión".

También que la instructora incurrió supuestamente en una "auto-atribución del conocimiento e instrucción de la presente causa" cuando, como titular del Juzgado número 3, resolvió una petición "formulada por ella misma" desde el número 2, lo que la defensa interpreta como indicio de "unas maniobras para acaparar el conocimiento del asunto".

Sobre este último motivo Lucini ha recordado que "la firma digital utilizada, de la titular del Juzgado de Instrucción número 2, es inviolable y es la que da validez en el expediente digital, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota a los medios.

Con los informes de todas las partes ahora será la Audiencia de Cádiz la que reciba esta causa de recusación y nombre instructor para resolver al respecto.

Las diligencias del 'caso Emvicesa' suman más de 50 investigados, entre ellos los cuatro encarcelados y varios personajes públicos más como un exasesor del presidente de la Ciudad que fue cesado nada más levantarse el secreto de sumario, en abril; las exconsejeras de Educación y Hacienda, Rabea Mohamed y Susana Román, que dimitieron poco después de ser detenidas y puestas en libertad con cargos; el ex secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao; y el portavoz del segundo grupo de la oposición en la Cámara autonómica, Mohamed Ali (Caballas).

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