CEUTA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los dos grupos de la oposición en la Asamblea de Ceuta, la coalición Caballas y el PSOE, sumarán sus siete escaños para solicitar la constitución de una comisión de investigación parlamentaria encargada de dilucidar las "responsabilidades políticas" que pudieran deducirse del "enriquecimiento injusto" que, según un informe técnico, habría acumulado por 14,3 millones de euros la anterior adjudicataria del servicio público de limpieza viaria y recogida de basuras, Urbaser.
El Grupo Parlamentario Popular que respalda al Gobierno de Juan Vivas, con 18 diputados, podría rechazar con su mayoría tanto esta petición como la de que el presidente comparezca de forma extraordinaria y monográfica ante la Cámara autonómica para hablar sobre los pagos a la concesionaria, ya que el Reglamento de la asamblea establece que ambos requerimientos precisan, para prosperar, del apoyo de más del 50% de los concejales.
El secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, impulsor de las dos iniciativas parlamentarias, para las que ya ha obtenido el imprescindible apoyo de Caballas, ha explicado este martes en rueda de prensa que su objetivo es "que comparezcan todas las personas que hayan tenido algo que ver con el buen cumplimiento del contrato, desde técnicos como el interventor municipal hasta todos los políticos que han ocupado la Consejería de Economía y Hacienda durante los últimos años".
A juicio del socialista, el último informe sobre el caso elaborado por el letrado accidental de la Administración demuestra que "no queda ninguna duda sobre el descuadre en los pagos a Urbaser y parece que tampoco sobre la existencia de un enriquecimiento injusto por parte de la empresa que, para producirse, ha tenido que venir provocado, voluntaria o involuntariamente, por alguien".
En dicho dictamen jurídico, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, se dictamina que "es compatible y congruente haber pagado el precio de los servicios al precio unitario y que se haya producido un enriquecimiento injusto del concesionario equivalente al exceso de amortización" de la maquinaria, cifrado por la Ciudad en 14,3 millones de euros.
Además, el letrado detecta que con la fórmula de abono por la concesión aprobada "los pagos realizados permiten un incremento del beneficio industrial en la misma cantidad de la 'sobreamortización' de la maquinaria".
