CEUTA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio del Interior mantiene el veto a cruzar el Estrecho de Gibraltar y llegar a territorio peninsular a los dos ciudadanos marroquíes que han solicitado asilo en Ceuta desde el estallido del conflicto en el Rif, en octubre de 2016, pese a que 16 sentencias de los Tribunales Superiores de Madrid (TSJM) y Andalucía (TSJA) han dictaminado desde 2010 que los extranjeros con solicitud de protección admitida a trámite "podrán ser sometidos a controles de identidad y de documentos" para salir de las ciudades autónomas norteafricanas, "pero en ningún caso se les podrá impedir su derecho de libre circulación" por el territorio nacional.
I. S., natural de Alhucemas y "amigo desde la infancia" de Nasser Zefzafi, líder del Movimiento Popular del Rif encarcelado desde mayo del año pasado, huyó a Tetuán al final del verano pasado, cuando recibió una notificación instándole a personarse en dependencias policiales.
En la capital del antiguo Protectorado español en Marruecos, según ha explicado en declaraciones a Europa Press el ahora residente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) local, pagó 1.500 euros a las mafias que se dedican a la introducción irregular de migrantes en Ceuta para acceder a territorio español a bordo de un vehículo por la frontera del Tarajal.
Una vez en la ciudad autónoma, dejó en depósito a sus familiares en el Reino alauita otros 5.000 euros para hacerse con un pasaporte falso para embarcar en uno de los ferrys que llegan hasta Algeciras (Cádiz), pero los controles de la Policía Nacional detectaron el documento fraudulento, por lo que fue detenido como paso previo a su expulsión al país vecino, que quedó frenada al presentar una solicitud de protección internacional como activista rifeño.
"Si me devuelven a Marruecos acabaré en la cárcel como las 2.000 personas que ya han corrido la misma suerte, niños incluidos", asegura el peticionario de refugio, de 32 años, que dejó dos hijos pequeños, esposa y padres "enfermos" en Alhucemas.
Tras aportar "multitud de documentos, fotos y vídeos" que "prueban" que se le persigue en Marruecos por su implicación en el 'Hirak', un movimiento que describe como "no violento ni separatista", el marroquí cuenta ya con la tarjeta roja que le acredita como solicitante de protección internacional en trámite en España, expediente que tramita con apoyo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
"Yo no sabía ni que en Ceuta había un CETI, lo que quería era viajar a Valencia, donde vive mi hermana con una casa grande para poder comer, dormir... Si Ceuta es España, que me dejen ir. Tienen todos los papeles, las fotos, los vídeos...", lamenta I.S., que dice sentir "miedo" en las calles de la ciudad autónoma, que intuye llenas de "chivatos" de las Fuerzas de Seguridad del Reino alauita, país en el que, según el último informe mundial de Acnur, hay personas "cumpliendo largas penas de prisión después de haber sido juzgadas por delitos con motivaciones políticas en procesos judiciales sin garantías de imparcialidad".
Aunque la tramitación del expediente de asilo no deberían prolongarse más allá de medio año, el compatriota con el que reside en el CETI, en su misma situación como demandante de protección, lleva en Ceuta "casi dos años".
La Dirección General de la Policía prohíbe a los extranjeros en esa coyuntura salir de las ciudades autónomas de forma ilegal, según la última sentencia contra la política de la Administración del TSJM, del pasado 26 de enero, "si no es a través de un inasumible argumento en el que el término 'España' se identifique con el de 'territorio peninsular', restricción que la Sala rechaza de plano".
