El PP de Melilla muestra su apoyo rotundo a su secretario general en el juicio por presunta prevaricación administrativa

Publicado 17/01/2018 22:59:47CET

MELILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario regional de Estrategia y Política Económica del PP de Melilla, Daniel Conesa, ha manifestado su apoyo rotundo y el de su formación al secretario general, Miguel Marín, inmerso en un procedimiento judicial conocido como el 'Caso arquitecto' en el que está acusado de la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa y que ha tenido que ser aplazado por problemas de planificación hasta el próximo mes de febrero.

En rueda de prensa, Daniel Conesa ha expresado este miércoles su absoluto respeto a la justicia pero ha indicado que "esta vista nunca debería haberse celebrado", ya que, a su parecer, se trata de un caso que "debería haberse archivado", porque, como ha señalado el propio Miguel Marín, "todas las instancias judiciales que han visto este tema han apuntado que no se cometió ninguna irregularidad" en la contratación de un trabajador de la Ciudad Autónoma, concretamente la de un arquitecto, manifestando "la absoluta legalidad del procedimiento administrativo".

El juicio por el 'Caso arquitectos', en el que se encuentra como acusado el actual presidente de la Autoridad Portuaria y secretario general del PP de Melilla, Miguel Marín Cobos, tuvo que suspenderse el martes por un error de planificación en la agenda de los juzgados, dado que se había reservado la sala únicamente hasta las 11,00 horas y el proceso es muy denso. El juez ha fijado como fecha para la celebración del juicio el próximo 23 de febrero.

Miguel Marín ha afirmado estar "deseando" celebrar el juicio y sentirse "tranquilo" al respecto, "todo lo tranquilo que puede estar quien confía en la justicia". El presidente de la Autoridad Portuaria ha recordado también que "ya hay diferentes sentencias firmes en las que consta que los contratos firmados se ajustan a derecho".

La Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación mientras la acusación popular, que representa entre otros el diputado del PSOE Dionisio Muñoz, eleva la petición de castigo a diez años de inhabilitación.