El principal acusado de adjudicar VPO en Ceuta a cambio de dinero pide el archivo del caso por "absurdo"

Publicado 29/10/2017 15:38:12CET

CEUTA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La defensa del principal acusado por la supuesta adjudicación irregular de viviendas de protección oficial en Ceuta, el diputado autonómico Antonio López (PP), ha solicitado formalmente el archivo de la causa al entender que tras tres años de investigación "no es posible identificar un solo supuesto en que una vivienda se haya atribuido a una persona de modo injusto o arbitrario", y que "tampoco se conoce un supuesto inverso: que se haya denegado una vivienda a quien legalmente le correspondiera".

Los abogados de López, que permanece en prisión provisional desde febrero, cuando fue detenido en Marbella (Málaga), consideran que las tesis incriminatorias que le imputan la posible comisión de presuntos delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental e integración en organización criminal han quedado reducidas al "absurdo".

En el escrito en el que solicita a la jueza instructora el sobreseimiento de la causa, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, la defensa del que fuera gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (Emvicesa) argumenta que "carece de sentido la hipótesis de una organización criminal dedicada a la venta de casas que recauda ingentes cantidades de dinero con esa lucrativa actividad" si "la realidad es que apenas pueden detectarse desfases patrimoniales en el patrimonio del principal responsable".

En base a un informe patrimonial de parte, razona que la "regularidad" de sus datos y "la detección de errores en las presuntas irregularidades o desfases del informe policial" dan por "aclarados" los hechos y "hacen que resulte inviable mantener las iniciales incriminaciones".

Los informes de la Udyco de la Policía Nacional señalan, sin embargo, que "se puede observar con un simple sumatorio que este señor ha sufrido, durante los ejercicios analizados [de 2008 a 2014], gastos bastantes superiores a los ingresos obtenidos, alcanzando una diferencia aproximada de 260.752,31 euros".

"Tras más de tres años de instrucción, más allá de las declaraciones confusas y sin la más elemental concreción de algunos investigados y testigos", concluye la defensa del ex viceconsejero del Ejecutivo autonómico, "la realidad es que no cabe identificar una sola resolución injusta, una relación de influencia que derive en una resolución injusta, el abono de cantidades que puedan vincularse a actuaciones administrativas o el destino de fondos públicos a fines distintos, su apropiación o la apropiación por parte de un tercero".

"Más allá de las posibles disfunciones en el funcionamiento de Emvicesa, por la información unánimemente aportada la atribución de viviendas directa y automática a partir del Registro de solicitantes deja poco o escaso margen a la elección de candidatos, la baremación manipulada o con criterios de favor y, en último término, al dictado de resoluciones injustas", concluye.

El 'caso Emvicesa' mantiene en prisión provisional desde febrero a Antonio López y a dos de sus supuestos 'conseguidores' de clientes para 'vender' la adjudicación irregular de VPO, y acumula decenas de imputados por pagar a cambio de hacerse con algunas de esas viviendas protegidas.

Dos consejeras del Gobierno que preside Juan Vivas dimitieron tras ser detenidas y quedar como investigadas por supuestos delitos de malversación y prevaricación, situación procesal en la que también se encuentran el portavoz del segundo grupo de la oposición en la Cámara autonómica, Mohamed Ali (Caballas), y el antiguo secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao.

La defensa de López también ha pedido a la magistrada instructora de las diligencias que ponga en manos del Juzgado Decano de la ciudad la posible comisión de un delito de vulneración del derecho a defensa por las conversaciones entre López y su antiguo letrado recogidas en el sumario porque podría "ser constitutivo de un delito perseguible de oficio previsto en el artículo 536 del Código Penal por quebrar la confidencialidad de las conversaciones entre abogado defensor e investigado".

El ex gerente ya ha visto rechazadas cuatro veces en primera y segunda instancia sus peticiones de puesta en libertad, e igualmente se desestimó su solicitud de recusación de la juez en base a su relación personal con uno de los policías responsables de la investigación del 'caso Emvicesa'.