CSIF exige al Gobierno que regule el Estatuto del Personal Investigador en Formación, que lleva un año de retraso

Publicado 13/03/2018 14:47:27CET

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige al Gobierno que regule el Estatuto del Personal Investigador en Formación para acabar con la precariedad laboral de este colectivo. Según ha informado el sindicato, el pleno del Congreso aprobó el 14 de marzo de 2017, hace justo un año, una moción consecuencia de interpelación, por la que se instaba al Gobierno a solucionar esta situación, y que contó con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios.

CSIF participa en la negociación del nuevo Estatuto con el Ministerio de Economía, en el que dice que se debe recoger la creación de un rango específico --de trabajadores y no becarios a efectos de Seguridad Social--, que recupere la indemnización por finalización de contratos, la equiparación salarial entre convocatorias y un límite a las horas de docencia para evitar los abusos laborales y desvirtuar el objeto de los contratos, que es la realización de tareas de investigación.

Tal y como asegura el sindicato, los investigadores en formación son jóvenes que trabajan desarrollando su tesis doctoral en universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPI) con contratos con una duración máxima de cuatro años, una jornada laboral de 37 horas semanales y un sueldo por debajo de los 900 euros brutos mensuales. No obstante, indica que "en muchos casos", los contratos llegan a las 38,25 horas a la semana, "incluso los festivos" y "como no fichan, no se les reconocen nunca horas extras".

Para el sindicato, las universidades "abusan" de estos jóvenes investigadores para cubrir horas de docencia y, por tanto, la falta de personal en las aulas.

Estas personas, según apunta CSIF, tampoco tienen la posibilidad de percibir los incrementos que sí se aplican al resto de empleados públicos, ni cobrar complementos por las horas de docencia que asumen después de superar un concurso público de méritos.

"Hace más de un año, el Gobierno ya penalizó a este colectivo, restringiéndole derechos como el acceso a la tarjeta sanitaria europea o la indemnización por finalización del contrato, sin previo aviso y con carácter retroactivo", critica el sindicato, que lamenta que el borrador presentado por el Ministerio "no recoge un mínimo en las retribuciones".

Además, CSIF dice que en este documento "se incrementan de manera considerable el número de horas de docencia que se pueden asumir, abriendo así la puerta al abuso para cubrir el déficit de efectivos sin contratar a más personal".