Absuelto Enrique Ortiz de un fraude fiscal de 6 millones por el alquiler de unos terrenos

 
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Absuelto Enrique Ortiz de un fraude fiscal de 6 millones por el alquiler de unos terrenos

Publicado 11/11/2016 12:06:47CET

ALICANTE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de lo Penal número 1 de Alicante ha absuelto de los delitos contra la Hacienda Pública en concurso de un delito de falsedad en documento mercantil y del delito de estafa por contrato simulado a los empresarios Enrique Ortiz y Rafael Galea, así como a otras tres personas. La causa se inició por un presunto fraude fiscal de más de 6 millones de euros en el alquiler de unos terrenos en la playa de San Juan en el año 2001.

En la sentencia, que ha hecho pública esta viernes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se absuelve a los cinco encausados "con todos los pronunciamientos favorables".

Según los hechos probados, en el año 2001 la constructora Hansa Urbana, de la que era administrador único Rafael Galea, adquirió una empresa que poseía terrenos rústicos en la playa de San Juan, en Alicante. Cuatro años después los alquiló por cinco años a otras dos sociedades --Construcciones Villarejo y Obras Asfálticas y Construcciones SA--, por 1,5 millones de euros, cantidad que fue abonada "por anticipado". Además, a finales de 2005, Hansa Urbana reclasificó "contablemente la totalidad de los mencionados terrenos, desde la cuenta de existencias a la cuenta de inmovilizado".

Un año después, en 2006, Hansa Urbana vendió esos terrenos a Viviendas del Mediterráneo, de Enrique Ortiz, por 36,9 millones más 5,9 del impuesto del IVA. Por todo ello, según la sentencia Hansa Urbana obtuvo una plusvalía de 30,5 millones de euros. Así, tras la venta, las dos empresas arrendatarias dieron por finalizado el contrato de alquiler.

Tres años después, en 2009, la Agencia Tributaria inició una inspección para requerir a las dos sociedades arrendatarias que "acreditaran el uso dado a los terrenos arrendados a Hansa Urbana". Según la sentencia, "no ha quedado acreditado que todos los acusados, puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio económico derivado de causar un perjuicio a la Hacienda Pública, mediante la defraudación en los tributos que debían satisfacer".

Y prosigue: "No consta probado que el dinero entregado en concepto de arrendamiento fuera un pago a cuenta o anticipo de una posterior operación de compra-venta". "Las bases o elementos integrantes de los hechos imponibles que se derivan de los negocios jurídicos (arrendamiento, compraventa, etc.) fueron íntegramente registrados contablemente y declarados por todos los obligados tributarios", apunta.

Asimismo, la resolución judicial considera que "es perfectamente lícito, legal e indiscutible que, ante la posibilidad de que las arrendatarias contemplaran en octubre de 2005 el escenario de una hipotética compraventa posterior de los terrenos (bien por sí mismas, a través de otra sociedad vinculada o a favor de un tercero), el tener el derecho a disfrutar de los bienes arrendados, además durante un plazo largo de tiempo conforme a los propios contratos, las ponía en ventaja y en una inmejorable posición para su futura adquisición".

Afirma, además, que "no existe fundamento, ni en el informe de delito de la AEAT ni en las pruebas practicadas en juicio, para considerar que las arrendatarias (más allá de su interés en usar unos terrenos para la realización de su actividad, o de adquirir una posición favorable ante una posible futura compraventa) se prestaran a participar en una eventual defraudación tributaria de la arrendador".

Finalmente, considera la sentencia que "conforme ha resultado acreditado pericialmente en el proceso, que las liquidaciones e ingresos tributarios derivados de tales operaciones de arrendamiento, no han supuesto perjuicio patrimonial alguno para la AEAT respecto de su eventual tributación como compraventa, ni las arrendatarias han obtenido beneficio fiscal alguno de las liquidaciones tributarias por los arrendamientos".

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