Absuelven al excónsul de Uruguay en Valencia acusado de tráfico de visados y de irregularidades en el manejo de fondos

 

Absuelven al excónsul de Uruguay en Valencia acusado de tráfico de visados y de irregularidades en el manejo de fondos

El excónsul absuelto, Gustavo Schiavo
CEDIDA
Publicado 29/05/2017 16:11:45CET

VALENCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Apelaciones de Uruguay ha absuelto a Gustavo Schiavo, excónsul del país en Valencia, de los delitos de tráfico de personas y fraude tras haber sido procesado en noviembre de 2015 por presuntas irregularidades en la concesión de visados y en el manejo de fondos de la Embajada.

Así consta en diferente documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el tribunal, en una resolución de abril de este año, acuerda absolver a Schiavo al estimar que en este caso no se cumplió una investigación "en forma" con la finalidad de determinar las supuestas responsabilidades penales del excónsul. Así, le decreta como definitiva la libertad provisional que se le había fijado.

Schiavo fue nombrado Cónsul General en Valencia en el año 2012 y permaneció en este puesto hasta 2014. Con más de 20 años de carrera diplomática, ha desempeñado a lo largo de su trayectoria diferentes direcciones de cooperación internacional y asuntos económicos; y ha sido Cónsul en Beijing de 2000 a 2006 y de Seúl de 2010 a 2012.

A finales de septiembre de 2015, Schiavo fue denunciado por presuntas irregularidades. La causa partía de una exfuncionaria del Consulado General de la República en Valencia, con la que mantuvo una relación sentimental, que advertía de un mal uso en el manejo de partidas de gastos de oficina, de etiqueta y de ayuda de alquiler, así como en el otorgamiento de visas para el ingreso de extranjeros en el país.

Así, se inició en primer lugar un expediente administrativo, en el que se hacía constar que el diplomático había otorgado desde su puesto en Valencia 11 visas a un empresario chino "haciendo caso omiso" a la norma que regula este procedimiento. Se señalaba que se había entrevistado con el empresario pero no con los ciudadanos chinos, que ni siquiera ingresaron en Europa. En el mismo expediente se aludía a otras tres visas otorgadas a ciudadanos marroquíes.

En su etapa en Seul, se recogía, actuando como Encargado de Negocios, expidió otras 42 visas a ciudadanos chinos a través del procedimiento de excepción y 34 más a no residentes. En total, 76 aludiendo al régimen de excepción.

Al respecto, el juez inicialmente consideró que los hechos encuadraban dentro del delito de tráfico de personas puesto que "estampó hechos falsos en diversos documentos", permitiendo que estas personas obtuvieran sus visas "que de otra manera no lo hubieran podido obtener". Así, benefició al empresario chino, al que conocía de antes, así como a los ciudadanos marroquíes "facilitando su ingreso al país".

Por otro lado, le acusó de un delito de fraude por perjudicar al Estado Uruguayo con el cobro de reparaciones a una vivienda que no fueron hechas por él, sino por la anterior propietaria y, además, por percibir alquileres que no le correspondían. Por ello, se le decretó el procesamiento sin prisión y se le impuso como medida sustitutiva el arresto nocturno por 120 días, así como la realización de tareas comunitarias por el mismo plazo.

CUMPLIR CON LA NORMATIVA

Frente a esta resolución, el diplomático presentó un recurso en el que alegó, entre otros aspectos, que cumplió con toda la normativa vigente e informó a sus superiores del otorgamiento de todas las visas que concedió y éstos aprobaron su gestión.

En cuanto al empresario chino, indicó que tenía una relación fluida con las autoridades y que era un personaje "confiable" por los visados que acumulaba. "Si se equivocaron, se equivocaron todos. Si el empresario resultó un timador --tres ciudadanos chinos declararon haber pagado la suma de U$S 5.000 por su visado--, timó a todos los que de alguna manera participaron de sus acciones". En relación con los supuestos gastos irregulares, defendió que no existió ni lucro ni beneficio alguno.

LA DENUNCIANTE NO DECLARÓ

El Tribunal de Apelaciones, tras estudiar el caso, ha decidido revocar la condena del juez y absolver a Schiavo. Entiende, de manera unánime, que se judicializó una investigación administrativa sin declarar en sede judicial la denunciante ni quien dirigió la instrucción administrativa. "Todo se ha limitado casi exclusivamente a tomar por válido el informe realizado en el expediente administrativo. Sin embargo, tales actuaciones no fueron ratificadas en la sede", mantiene.

Los abogados del diplomático en Uruguay, Pedro Algorta, Gumer Pérez y Leandro Rama, solicitan tras la resolución firme que su representado sea inmediatamente restituido y que se recomponga su carrera diplomática. "Ahora estamos definiendo la estrategia de defensa con miras a su pronta reinserción al Ministerio. Aspiramos a una pronta resolución por parte de la administración, que tiene autoridad y potestad para restituirlo sin más". De mantenerse esta situación, advierten, "se estarían amplificando los perjuicios económicos ya generados".

Por su parte, el letrado en Valencia de Schiavo, Eduardo Alcoy, se ha mostrado satisfecho con la resolución ya que considera que se ha hecho justicia.

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