VALENCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La acusación particular solicita prisión provisional para los tres exresponsables del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) José Manuel Uncio, Enrique Pérez Boada y Enrique Benede, y para las otras siete personas procesadas en la causa abierta por presunta prevaricación y otros delitos relacionados con la tramitación para la construcción y gestión de un hotel ubicado en la localidad valenciana de Jalance. Justifica esta solicitud en el riesgo de fuga o de despatrimonialización.
Así consta en el escrito que ha presentado la acusación particular --que representa a dos querellantes-- en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Requena (Valencia), al que ha tenido acceso Europa Press. La acusación requiere esta medida después de que la pasada semana el juez abriera juicio oral contra los procesados.
En total, en esta causa hay 10 inculpados: los tres exdirectivos del IVF; el exalcalde de Jalance, Ángel Abed Navarro Navarro; el expresidente del Consejo de Administración, Joaquín Boil; el exconsejero delegado de la mercantil Hotel del Valle Jalance S.L., Pedro López; el administrador de la entidad, Joaquín Miguel Boil; y otras tres personas más.
La acusación particular solicita para Uncio y Boada, que desempeñaron su labor desde 1995 a 2004 y desde 2004 hasta el año 2009, respectivamente, un total de 34 años de prisión y 24 de inhabilitación, por los presuntos delitos continuados de malversación, falsificación en documento público, falsificación en documento privado y omisión del deber de perseguir delitos.
Asimismo, para el ex director de inversiones del IVF Enrique Benede Benagues, la acusación solicita dos años de cárcel y otros dos de inhabilitación por presunto encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos.
La misma petición de prisión se ha solicitado para el exalcalde y actual concejal del Ayuntamiento de Jalance, para el que el ministerio fiscal ha requerido 18 años de prisión.
Ante estas elevadas peticiones de pena, la acusación solicita al juzgado la convocatoria de una audiencia con citación del ministerio fiscal entre los acusados y los querellantes, con el fin de decretar la prisión provisional de todos los inculpados.
Esta solicitud se realiza ante la posibilidad de que se produzca una despatrimonialización por parte de los acusados y ante el riesgo de fuga, debido a la gravedad de los delitos y la responsabilidad económica que pueda derivarse de la sentencia --el juez fijó una fianza solidaria de 763.559 euros para los procesados--, tal y como mantiene la acusación particular.
La acusación recuerda en su escrito la situación creada en mayo de 2005 como consecuencia de la sentencia dictada por la Audiencia de Valencia, y posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo en 2006, contra el ex director del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) José María Tabares por un delito continuado de estafa y falsedad y que condenaba al ex alto cargo a cinco años de prisión. Así, recuerda que el ex alto responsable de la Generalitat se encuentra en paradero desconocido desde que fue dictada la sentencia.
LA CAUSA
Los hechos investigados están relacionados con la gestión y la concesión de un préstamo, por parte del IVF y de una entidad bancaria, para construir un hotel en Jalance. Al respecto, los querellantes, Asunción Boscá y José Rafael Martínez, exmiembros del consejo de la mercantil del hotel, alegaron que se habían producido irregularidades con la ejecución del préstamo. Como consecuencia, se tuvo que recurrir a la solicitud de expediente de suspensión de pagos, favoreciendo y acelerando la descapitalización e insolvencia de la mercantil.
De esta forma, se dejó de atender pagos a acreedores ordinarios y preferentes, incluidas deudas laborales, créditos con entidades financieras, obligaciones tributarias y de Seguridad Social, causando perjuicios concretos a los querellantes que vieron subastados bienes por importe de 21.350 euros, al ser avalistas de la sociedad.
Asimismo, se desatendieron las obligaciones fiscales, pagos de IVA, pagos fraccionados, Impuesto de Sociedades, y dejaron de presentar en los ejercicios 2001, 2002 y 2003 declaraciones fiscales y cuentas anuales ante el Registro Mercantil. El 13 de noviembre de 2003 llegó a presentar solicitud de quiebra voluntaria.
