Alcaldes socialistas denuncian "amenazas" de Ramón-Llin por la Emtre y podrían emprender acciones legales

Alcaldes Y Representantes Socialistas En La Emtre
PSPV
Actualizado 18/05/2012 15:40:59 CET

La entidad apercibe a los consistorios porque dice que "no tienen competencia para impedir el régimen de gestión de la tasa"

VALENCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV de la provincia de Valencia y alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, ha asegurado este viernes que primeros ediles socialistas han recibido "amenazas" e intentos de "intimidación y coacción" por parte de la presidenta de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre), Mª Ángels Ramón-Llin. Por ello, ha indicado que si Ramón-Llin "no se retracta", emprenderán acciones legales.

La dirigente socialista ha explicado que las "amenazas" de Ramón-Llin se han producido después de que varios ayuntamientos socialistas --Quart de Poblet, Albal, Godella, Alboraia y Rocafort-- hayan decidido no cobrar la tasa de basuras en el recibo del agua.

Martínez ha realizado estas declaraciones ha comparecido en rueda de prensa en la sede del PSPV, junto al portavoz socialista en la Emtre y alcalde de Godella, Salvador Soler, después de reunirse con los representantes socialistas en la entidad metropolitana.

La alcaldesa de Quart ha asegurado que si Ramón-Llin "no se retracta", iniciarán acciones legales. "No tenemos intención de demandar a nadie, pero sí la intención de dejar claro que los ayuntamientos somos autónomos en nuestras decisiones y solo estamos sujetos al derecho", ha subrayado.

En el escrito enviado por la Presidencia de la Emtre a algunos consistorios, la entidad asegura que "los ayuntamientos integrados en Emtre no tienen competencia para impedir o condicionar el régimen de gestión de la tasa". Además, apercibe a los ayuntamientos y les advierte de "las consecuencias de todo orden, personales, administrativas y patrimoniales, que pueden derivarse de la atención del apercibimiento".

Asimismo, ordena "el cese inmediato de las actuaciones de obstrucción de la gestión y recaudación de la Tamer" y requiere "la concreta identidad de las personas directamente responsables de ordenar la paralización del procedimiento de recaudación de la Tamer a la mercantil Aguas de Valencia SA".

Finalmente, la Emtre ordena a los servicios metropolitanos "el inicio inmediato de cuantas acciones legales procedan en derecho para el mantenimiento del interés general, así como el estudio de la suspensión temporal".

"ATENTADO" A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

Carmen Martínez ha criticado que esto supone "un atentado al principio de autonomía municipal" establecido en los artículos 137 y 140 de la Constitución Española, así como "un desprecio absoluto a la libertad de los ayuntamientos".

"La señora Ramón-Llin pretende ordenar e imponernos por la fuerza una obligación que no nos compete, eximiendo de ella a la que sí está obligada a hacerlo, la Emtre", ha argumentado Martínez, quien considera que "el procedimiento que debería haber utilizado la presidenta de la Emtre es presentar un contencioso o impugnar los acuerdos plenarios, pero ha optado por intimidad y coacionar a los alcaldes, amenazando incluso en suspender el servicio".

La también diputada autonómica ha dicho que "no quiere pensar mal", pero parece que "no es casual" que los primeros escritos de Ramón-Llin, "colocada en la Emtre por decisión directa de la alcaldesa de Valencia Rita Barberá", se hayan dirigido al primer edil de Albal, Ramón Marí, y a ella misma, que han sido "quienes hemos denunciado el caso Emarsa del que tantas explicaciones todavía tiene que dar la señora Barberá".

SOBRECOSTES DE 130 MILLONES

Por su parte, Salvador Soler ha explicado que el PPCV creó en 2009 una tasa para cobrar el tratamiento de los residuos "en contra del criterio del PSPV". El portavoz socialista ha recordado que la Emtre es "una de las entidades metropolitanas más endeudadas", y ha indicado que "las infraestructuras que hace años que deberían estar funcionando todavía no está terminadas". Además, ha destacado, las instalaciones han tenido unos sobrecostes de 130 millones de euros.

Soler ha vuelto a exigir la retirada de una tasa que, según ha apuntado, el PP decidió subir entre el 150 y el 250 por ciento el pasado mes de agosto, ya que "se calcularon mal los costes y ni siquiera se informó a los vecinos y vecinas del incremento".

"Los ayuntamientos socialistas no estamos dispuestos a hacernos responsables de esa subida, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la ciudadanía no pague por ello", ha finalizado.