El PSPV-PSOE de la Diputación preguntará a Ripoll por el uso de cámaras en los municipios gobernados por el PP

Actualizado 11/05/2006 20:52:33 CET

ALICANTE, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Alicante, Antonio Amorós, preguntará a José Joaquín Ripoll "como presidente de la Diputación y como presidente el PP provincial, cuál es el motivo de la nueva estrategia del PP de instalar cámaras de vigilancia para controlar actividades públicas", tanto en las vías urbanas, en el caso de Crevillent, como en edificios municipales, como en el caso de Xixona (Alicante), según indicaron hoy en un comunicado fuentes socialistas.

Antonio Amorós llevará al próximo pleno su "preocupación por el reiterado uso, o intención del mismo, de alcaldes como el de Crevillent o de la alcaldesa de Xixona por instalar cámaras sin los controles legales necesarios para velar y garantizar el derecho a la intimidad y la propia imagen de los ciudadanos".

Así, en el caso de Xixona, según observó, "todo parece indicar que se trata de un caso de espionaje político, porque la alcaldesa no ha dado una respuesta clara ni convincente de por qué se instaló la cámara a la entrada de las oficinas del Grupo Municipal Socialista".

A su juicio, la utilización de este tipo de sistemas sin la información necesaria a los principales afectados, los concejales de la oposición, además de acceder a su instalación en un día no laboral, es "muy grave", por lo que Ripoll debería, en su opinión, "establecer unas condiciones de trabajo mínimas que garanticen los derechos de todos los ciudadanos alicantinos".

Además, según añadió Amorós, "como referente de parte del PP en la provincia de Alicante", Ripoll "tiene capacidad moral para exigir a los alcaldes populares que cejen en su intento por controlar con cámaras o cualquier otro dispositivo la vida personal de los vecinos de sus municipios".

Finalmente, según puntualizó, "la seguridad ciudadana la garantizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en escrupuloso respeto a las normas y leyes del Estado, y cuyas actuaciones siempre están vigiladas por el Poder Judicial", por lo que "un alcalde, aunque sea del PP y tenga ganas de controlar determinadas acciones sociales, no está legitimado para saltarse la legalidad que no puede esquivar ni los cuerpos policiales".

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