La alcadelsa de Valencia asegura que hay más de una treintena de licencias de derribo que continuarán "cuando se pueda"
MADRID/VALENCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aseguró hoy que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha cometido "prevaricación" porque ha tomado decisiones "muy importantes de paralización" de actuaciones "en lugares que no son de su competencia", en referencia al barrio valenciano de El Cabanyal, donde le acusó de mantener una actitud de "agresión administrativa" porque defendió que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) está "absolutamente legalizado".
En esta línea se manifestó la alcaldesa, en respuesta a los periodistas, momentos después de asistir al Acto por la supervivencia de los Gobiernos Locales, en el Congreso de los Diputados, y tras la comparecencia de González-Sinde en la Cámara baja, en la que aseguró que el Gobierno destinará "todos los medios y todos los recursos" para "salvar" el barrio, porque se pueden hacer "muchas cosas antes" que reducirlo "a una zona cero".
Barberá sostuvo que, en las decisiones adoptadas en relación con el barrio, la ministra ha "prevaricado" porque "ocultó" un informe de protección de patrimonio que no le era favorable a su pretensión. "Como no le ha gustado, lo ha sacado del expediente", resaltó la alcaldesa, quien ademas destacó que han requerido el informe vía notarial.
En esta línea, consideró que el Gobierno se ha "excedido" de "una manera increíble" y reiteró que el PEPRI es "absolutamente legal", y que cuenta con un total de "12 sentencias favorables, tres del Tribunal Supremo".
En esta línea, Barberá, parafraseando a la ministra, que argumentaba que en una sociedad "avanzada" nunca habría sucedido esto, afirmó que en una sociedad avanzada "un Gobierno no se hubiera inmiscuido en las competencias de otras administraciones" porque "no se hubiera atrevido". Además, tildó de "barbaridades" las palabras de la titular de Cultura.
Además, la alcaldesa indicó que esta actitud es "una agresión, en toda línea, a la Comunitat Valenciana", y una "agresión administrativa", ya que el plan está "absolutamente legalizado" y cuenta con más de una treintena de licencias de derribo que continuarán "cuando se pueda".
Por último, Barberá indicó que los vecinos del Cabanyal quieren la prolongación y toda la rehabilitación, que va a hacer la Generalitat Valenciana, pero "parece que el Gobierno no lo quiere ver".
