BOE publica la admisión del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la Ley de Función Pública valenciana

Actualizado 15/11/2010 13:09:46 CET

VALENCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes la decisión del pleno del Tribunal Constitucional (TC) de admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central contra un artículo de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública de la Generalitat valenciana.

El tribunal ha acordado además la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados para las partes desde la fecha de interposición del recurso --el 15 de octubre--, y para los terceros desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado.

Este recurso fue presentado al considerar que los preceptos impugnados resultaban contrarios al orden constitucional de la distribución de competencias, pues no se encontraban previstos en la legislación estatal.

En concreto, el Gobierno entendía que esta normativa vulneraba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, contravenía la competencia estatal en materia de Seguridad Social, y suponía una ruptura de la regulación jurídica y del régimen económico del sistema de Seguridad Social.

La Ley del Estatuto Básico recoge el derecho a la excedencia para la atención del hijo o familiar consanguíneo o afín hasta el segundo grado inclusive, mientras que la disposición valenciana incorpora también al cónyuge, pareja de hecho o persona que se encuentre legalmente bajo la guardia o custodia del trabajador, atribuyendo a la ampliación efectos económicos en materia de Seguridad Social, pues asimila el periodo de disfrute de dicha excedencia a la situación de alta en Seguridad Social, cuando es el Estado el "único" que puede hacerlo, según dijo el Gobierno.

Ahora, el TC, tras estudiar el recurso, ha decidido admitirlo y dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso y al Senado, al Gobierno valenciano y a las Corts, para que puedan personarse en el proceso y formular sus alegaciones en el plazo de 15 días.

Por su parte, la Generalitat valenciana acusó, tras conocer esta resolución, al Ejecutivo estatal de querer "recortar los derechos sociales de los empleados públicos de la Comunitat" y confirmó que presentará las correspondientes alegaciones.

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