VALENCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha asumido este martes que el expediente de regulación de empleo (ERE), que afectará a 450 de los 1.805 trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), es una medida "muy dura, pero necesaria que no se hace alegremente".
Bonig se ha manifestado en estos términos a preguntas de los periodistas durante su visita a la empresa Noatum Ports Valenciana en el Puerto de Valencia. La consellera de Infraestructuras ha recordado que su departamento "está dispuesto a negociar", pero era "necesaria una reestructuración de la empresa". Bonig ha recordado que los EREs "los están haciendo la empresa privada y las familias desde 2007 y ahora le toca a la administración".
Bonig ha manifestado que FGV "no es la única empresa pública" a la que se aplicará un ERE. "Solo se ve afectado un 25 por ciento de la plantilla (450 de 1.805 empleados), mientras que en otras ha sido de un 60 o 70 por ciento". La aplicación de este expediente de regulación supondrá un ajuste de 22 millones de euros anuales en el presupuesto de la empresa pública de transportes.
La consellera ha insistido en que la reestructuración es "absolutamente necesaria" para mantener FGV y hacerla "mucho más eficaz y eficiente". Con este número de afectados y los 22 millones de euros de ajuste "se mantienen los servicios públicos actuales" y al mismo tiempo se paga la "muchísima inversión que se ha hecho", ha indicado.
El consejo de administración de FGV se ha reunido este martes para autorizar el inicio del ERE que se comunicará a lo largo de este martes o miércoles "a primera hora" a los trabajadores y se seguirá el procedimiento legalmente establecido.
Bonig ha explicado que la presentación del ERE es "el punto de partida y ahora hay un mes de negociación". Además ha repetido que "no es el único ERE", ya que se han hecho otros en empresas públicas como RTVV, Vaersa, Ivvsa y Ciegsa, entre otros y "algunos se han visto afectados con el 60 o 70 por ciento".
La titular de Infraestructuras ha explicado que el número de afectados en el expediente de regulación se ha realizado en base a una auditoria laboral que "establece exactamente la reestructuración necesaria y cuánto hay que reestructurar para seguir manteniendo los mismos servicios".
FABRA: "NO QUEDA MÁS REMEDIO"
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha insistido en que "no queda más remedio" que "reducir el personal que hay en las empresas públicas" para "aligerar la administración" y ha defendido que llevan a cabo ese proceso "de una manera razonable, muy profesional, muy objetiva y, desde luego, buscando esa racionalidad y eficacia dentro de los sectores públicos".
A preguntas de los periodistas por este expediente tras visitar la empresa ICEMI, ha indicado que "se está trabajando" en ese tema y que "son situaciones muy complicadas y difíciles" que deben afrontar. "No queda más remedio si queremos seguir manteniendo la sociedad del bienestar, y en ello estamos", ha sentenciado Fabra, quien sostiene que "lo fundamental" es poder atender "las necesidades en educación, en sanidad y en políticas sociales" de los ciudadanos.
