Carnicer dice que es preciso profundizar en la calidad de la justicia a través de la formación y la racionalización del trabajo

Actualizado 14/07/2006 15:15:41 CET

CASTELLON, 14 Jul. (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carniner Díez, aseguró hoy en Castellón que es "preciso" profundizar en la calidad de la justicia, "para lo que hay que reivindicar y conseguir más y mejor formación para todos los colaboradores de la Administración de Justicia y hay que racionalizar el trabajo de todos los que contribuimos a la realización de la justicia".

Carnicer realizó estas declaraciones durante su visita a Castellón para participar en el acto de juramento o promesa de 40 nuevos letrados del Colegio de Abogados de Castellón y de homenaje a los integrantes de la Junta de Gobierno de dicho Colegio, que se celebró hoy en la Ciudad de la Justicia de la capital de La Plana.

Según explicó, la situación de la justicia en la Comunitat Valenciana "no es muy diferente a la del resto de España", y apuntó que "aunque esta autonomía se distingue del resto en cuanto a la dotación de infraestructuras, sobre todo, en cuanto a sede judiciales, faltan juzgados y órganos judiciales".

Por otra parte, Carnicer explicó que todavía se está muy lejos de poder considerar la remuneración a los abogados de oficio como "justa o digna", pues, dijo, "si se revisa lo que perciben los letrados por sus actuaciones en turno de oficio y el tiempo empleado y la preparación técnica necesaria para detentar eficazmente las labores de consejo jurídico y defensa, las remuneraciones son casi ridículas atendiendo al mercado laboral general".

Así mismo, el presidente del Consejo General de la Abogacía se refirió a las jubilaciones de los letrados y al respecto señaló: "los abogados nos jubilamos a los 69 años con prestaciones mutuales que serán de unos 600 euros en el mejor de los casos, cantidad que no es suficiente para que una familia pueda subsistir con mínima dignidad".

En este sentido, subrayó que "somos una profesión dedicada a defender los derechos y libertades públicas e intereses de la sociedad, y somos muy malos defensores de nuestros propios intereses". Según dijo, "tienen que ser las administraciones públicas las que reconsideren cuál es el comportamiento de la abogacía con la sociedad y cuáles son las contraprestaciones que recibe de esa sociedad".

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