ALICANTE, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, declarará como imputada el próximo 16 de enero a las 10.00 horas por las supuestas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa, en el marco del 'caso Bugal', según se establece en la providencia dictada este lunes por el titular del Juzgado de Instrucción 6 de esta ciudad, Juan Carlos Cerón.
El magistrado también interrogará como imputados en esta causa al gerente de Urbanismo del Ayuntamiento alicantino, Enrique Sanus, y la jefa jurídica de dicha área, Isabel Campos, el día 29 de enero, mientras que la comparecencia del empresario Enrique Ortiz, igualmente como imputado, ha sido fijada el 30 de enero a las 10.00 horas.
Las comparecencias de todos estos imputados estaban previstas inicialmente para el pasado mes de noviembre, pero el juez decidió posponerlas sin fecha a raíz de los incidentes de nulidad de las actuaciones presentadas por algunas defensas personadas en el procedimiento.
En la providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el juez Cerón une a la instrucción los recursos de apelación presentados por algunos abogados, entre ellos el de la propia Castedo, a la que remite a un auto anterior, fechado el 16 de septiembre, donde se recogen los hechos por los que está imputada.
En ese auto, el magistrado instructor establecía que un informe policial arrojaba indicios de que Castedo pudiera haber incurrido en un delito de prevaricación y tráfico de influencias para favorecer a Ortiz en Plan Rabasa, que prevé la construcción de unas 13.000 viviendas en el barrio de igual nombre, y la instalación en Alicante de la multinacional Ikea.
"En el informe policial existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses del empresario Enrique Ortiz", señalaba entonces Cerón, quien no obstante ha sobreseído la investigación para el exalcalde alicantino Luis Díaz Alperi y la exsecretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente y presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña.
Además del calendario con los interrogatorios de los imputados, el juez Juan Carlos Cerón ha llamado a declarar a dos testigos el próximo 9 de enero y ha descartado hacer lo propio con dos policías nacionales porque "no han participado en los hechos denunciados".
