Cerca de un centenar de personas se concentra por la aplicación "inmediata" de la Ley de la Dependencia

Actualizado 11/12/2010 16:21:01 CET

CASTELLÓN, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de personas, según la organización, se han concentrado este sábado en la Plaza Major de Castellón para pedir la aplicación "inmediata" de la Ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana.

En el acto se ha leído un manifiesto en el que los afectados han denunciado el "boicot" por parte de la Generalitat valenciana al desarrollo de la Ley de Dependencia en la Comunitat. En este sentido, el documento recoge que "lo único" que ha hecho el Consell es "mercantilizar la ley". "En lugar de hacer una apuesta clara por unos servicios públicos de calidad, se ha apostado por hacer negocio beneficiando curiosamente a empresas de consellers y amigos del Gobierno autonómico", se incluye en el manifiesto.

Los asistentes han criticado que la Comunitat es "la primera por la cola" de las regiones españolas en aplicar la Ley de la Dependencia. Al respecto, han apuntado que, mientras algunas comunidades autónomas aplican la medida a 20 de cada 1.000 habitantes, la cifra de la Comunitat Valenciana se reduce a seis de cada 1.000 habitantes.

Asimismo, han lamentado que "sólo" el nueve por ciento de las ayudas otorgadas en la provincia de Castellón se esté utilizando "en prestaciones económicas por servicios y centros de día", mientras que el 91 por ciento restante se destina "a ayudas familiares y plazas residenciales, cuando la intención del legislador era liberar a los cuidadores familiares, principalmente mujeres".

Por otra parte, el manifiesto recoge las "trabas administrativas", que provocan que el tiempo de espera entre la solicitud y la recepción del PIA "sea de 21 meses" en la Comunitat y que "más del 50 por ciento de los expedientes aún estén esperando su revisión".

Los asistentes han exigido a la Conselleria de Bienestar Social que se comprometa a resolver las solicitudes nuevas en un periodo "máximo" de seis meses y que se resuelvan "sin más dilación" los miles de expedientes, que permanecen en el "limbo" de la Ley de la Dependencia desde 2007.

Por último, también se ha pedido la anulación del "silencio administrativo negativo" y del "decreto de incompatibilidades de prestaciones y servicios", por el que una persona "sólo puede recibir una ayuda, por lo que muchas familias han de decidir entre una plaza en un centro de día o un medio de transporte para llegar a él".

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