VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
La empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana SA (Ciegsa) obtuvo un resultado negativo en el ejercicio de 2016 de 3,6 millones de euros, una cifra que reduce los números rojos de 2015, cuando se llegó a los 4,4 millones.
Así figura en la Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio de 2016. Según el documento, consultado por Europa Press, la empresa pública creada para gestionar la construcción de colegios y actualmente en extinción perdió el año pasado 3.664.800 euros.
Además, mantiene deudas con entidades de crédito por valor de 70,6 millones euros.
Pese a que Ciegsa se ha ido vaciando de actividad --en junio del pasado año el pleno del Consell aprobó un decreto de modificación del Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de la Conselleria de Educación para impulsar la gestión directa de las infraestructuras educativas--, mantiene personal, en concreto un total de 33 trabajadores, dos de ellos directivos, un empleado menos que en 2015. En el ejercicio 2016 el gasto de personal se cifra en 1.462.753 euros, de los que 1.141.174 correspondieron a sueldos, salarios y asimilados.
La documentación incluida hasta el momento en la Cuenta General refleja asimismo que con fecha de 24 marzo de 2017 de 2017 se propuso a la consideración del Consejo de Administración de la sociedad la conveniencia del ofrecimiento del inmueble que acoge la sede de Ciegsa, titularidad de esta entidad, a favor de la Conselleria de Educación.
SOBRECOSTES
La empresa pública Ciegsa está investigada por los supuestos sobrecostes durante la etapa del anterior Consell del PP en la pieza principal del caso Imelsa. Cabe recordar que el Informe definitivo de Auditoría realizado este año por la Intervención de la Generalitat detalló que, en total, la existencia de Ciegsa ha supuesto un sobrecoste de 1.000 millones de euros.
En concreto, el análisis señaló que los gastos alcanzaron 457 millones de euros --393,33 de costes financieros; 42,65 en personal y 21 en servicios exteriores-- y sobrecostes de un 36 por ciento respecto a lo que hubiera costado construir los centros educativos si se hubiera gestionado directamente desde la Conselleria. Esto ha llevó al actual Ejecutivo autonómico a considerar que esa empresa pública actuaba como "una Conselleria de Educación en B".
