Cierval asegura no haber intervenido en los hechos investigados en Nules

Actualizado 22/09/2015 17:07:38 CET

   VALENCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Junta Directiva de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), reunida este martes, ha asegurado que no ha intervenido "de ninguna forma" en los hechos denunciados en relación con un presunto fraude de subvenciones que está investigando el juzgado de Instrucción número 1 de Nules (Castellón) y afirma que su función es "puramente administrativa".

   Así lo ha indicado en un comunicado, tras la reunión del martes, en relación a las diligencias previas abiertas por los cursos de formación impartidos por la Confederación Empresarial de Castellón (CEC). Cierval confía en que se resuelva "cuanto antes" y "de forma satisfactoria" este caso "tanto en sede judicial como ante la opinión pública".

   Para ello, ha anunciado que colaborará "activamente" con "la CEC y con la Justicia". Así, destaca que los estatutos de la patronal autonómica le obligan "a respetar la autonomía e independencia de sus organizaciones provinciales y no le autorizan a ningún tipo de revisión".

   El juzgado de Instrucción 1 de Nules (Castellón) mantiene abierta una causa desde principios de julio como consecuencia de una denuncia presentada por la Fiscalía contra dos mercantiles, la Confederación de Empresarios de Castellón y la patronal Cierval en relación con un presunto fraude de subvenciones.

   La denuncia va en relación con un delito contra la Hacienda Pública, en la modalidad de delito de fraude de subvenciones del artículo 308 del Código Penal, y otro delito continuado de falsedad documental del artículo 392 en relación con el artículo 390 del Código Penal, este último por las facturas presentadas a modo de justificación del destino de los fondos obtenidos, según informó en su día el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.

   La Fiscalía señalaba como posibles autores de los hechos y pedía que declararan como imputados los responsables y legales representantes de las mercantiles Consultoría y Estudios AGP, Centro de Oficios RF, CEC y Cierval.

   Hasta la fecha han declarado varios responsables de las organizaciones, como el presidente de la CEC, José Roca, quien en calidad de imputado defendió que las acciones formativas de la patronal estaban "supervisadas" por técnicos del Servef y habían pasado por mecanismos de control a través de una auditoría externa.

   También comparecieron como imputados un director de formación, que se ha acogido a su derecho a no declarar y un representante de Cierval, que sí declaró. Posteriormente, amplió la imputación a otras siete personas: el actual secretario general de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), Rafael Montero Gomis; Elodia Salvador; Elodia Benedito; José Antonio Espejo Pérez y los representantes legales de L.R. Centro de Oficios La Vall S.L., Restaurante El Palay de La Vall S.L. y CFAL, C.B.

   Además, citó como testigos a cuatro personas que tendrán que comparecer el 16 de octubre y ha acordado solicitar a una entidad bancaria información sobre una determinada cuenta --titulares, autorizados, extracto de movimientos, fecha de apertura y, en su caso, cierre--.

EXPEDIENTE DE 2009

   Desde la CEC explicaron en su momento que las acciones formativas por las que la Fiscalía ha interpuesto una denuncia contra la Confederación "forman parte de un expediente del año 2009 de Formación Profesional continua, las cuales se realizaron entre 2009 y 2010".

   En este sentido, desde la filial de Cierval aseguraron que esas acciones formativas "fueron realizadas, controladas y supervisadas por el Servef" y "han pasado por mecanismos de control y fiscalización mediante una auditoría externa".

   Asimismo, destacaron que la información "afecta a un asunto de carácter tributario de quienes han realizado las acciones formativas", así como que la CEC "ha resultado perjudicada" en la denuncia de Fiscalía "por haber tenido que realizar el pago de las mencionadas acciones formativas" y, posteriormente, "al tener que abonar ante el Servef la misma cantidad en el expediente administrativo, con independencia de que dicho expediente ha sido recurrido en vía contencioso-administrativa".