Comercios del hábitat estudian "acciones jurídicas" para impugnar el contrato de Feria Valencia con la empresa Teyoland

 

Comercios del hábitat estudian "acciones jurídicas" para impugnar el contrato de Feria Valencia con la empresa Teyoland

Grafià y Quintero comparecen sobre el contrato de Feria Valencia y Teyoland.
EUROPA PRESS
Actualizado 01/03/2013 18:05:51 CET

La institución recalca que "se atiene al derecho privado" y que es "un proyecto bueno para el mueble" y al que les invitaron a sumarse

VALENCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comerciantes del hábitat valenciano estudian "acciones jurídicas" para impugnar, por considerarlo "ilegal", el contrato firmado por Feria Valencia y la mercantil Teyoland para la puesta en marcha de una zona de exposición y venta de los sectores del hábitat y bricolaje en el pabellón siete del recinto. Por su parte, los responsables de la institución ferial defienden la legalidad de la operación y recalcan que esta entidad "se atiene al derecho privado".

En una rueda de prensa convocada para "denunciar la ilegalidad del contrato con Teyoland", el presidente de la Confederación Española de Comercios del Hábitat (Cecomu) y de la Federación de Comerciantes del Mueble de la Comunitat (Fecomvac), Víctor Grafiá, y el portavoz de la plataforma del comercio contra ese proyecto, Domingo Quintero, han recalcado que se oponen a esta "maniobra" de Feria Valencia y "a que se utilice cualquier engendro jurídico para gestionar recursos públicos sin el control del derecho público".

"Al margen de ecos históricos, no estamos haciendo ninguna oposición ni frente contra Teyoland, que es bienvenido siempre y cuando no utilice instituciones públicas", asegura Quintero, quien insiste en que pretenden "denunciar presuntas irregularidades en la gestión de Feria Valencia, no a Teyoland".

Además, asegura que están "acreditados" en su opinión sobre la "ilegalidad" de ese contrato por dos informes de la firma especializada en contratación administrativa De Dou Abogados y de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universitat de València, que recogen que "hay serias dudas sobre si el procedimiento es legal".

Según Quintero, el dictamen de la UV señala que "el consorcio que quieren seguir gestionando en derecho privado es una administración pública a todos los efectos" y que el contrato es "ilegal" porque "la feria es un organismo asimilable a una administración" y, como tal, "debe ejecutar este tipo de contratos sacándolos a concurso".

"ENGAÑADOS E INDIGNADOS COMO ADMINISTRADOS"

Los comerciantes aseguran sentirse "engañados e indignados como administrados" y mantienen que "Feria Valencia, como local comercial, está cargado de valor, con ventajas tangibles e intangibles que harían que cualquier inquilino fuera un competidor privilegiado y desleal", por la utilización de instalaciones aledañas no abiertas al tráfico rodado para carga y descarga, la notoriedad del recinto, la señalización o el hecho de tener "un casero con recursos ilimitados".

Quintero recalca que "un comercio permanente en esas instalaciones sería un negocio privilegiado por muchas razones que nada tienen que ver ni con el libre mercado ni con su modelo de negocio" y, de hecho, tanto él como Grafià han confirmado que podría suponer que dejaran de participar en el certamen del sector. "Si vas a tu casa y ves ahí a un competidor directo, no volverías", sostiene el líder de Fecomvac.

Ambos explican que las medidas jurídicas son "el paso siguiente" porque "nadie hace caso" a sus quejas, que trasladaron al ex secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio José Monzonís, a la directora general de Comercio y Consumo, Silvia Ordiñaga, y a un miembro del equipo del presidente de la Generalitat, mientras que la alcaldesa y presidenta del patronato de la feria, Rita Barberá, delegó por motivos personales en el vicealcalde, Alfonso Grau, y éste no ha contestado a sus comunicaciones.

Los comerciantes también se reunieron con el presidente y el director general de Feria Valencia, Alberto Català y Enrique Soto, en un encuentro del que salieron con "dudas y sospechas" porque les trasladaron que "el derecho público no les afectaba" y que "Teyoland era algo que no se podía parar". Además, critican que se negaron a enseñarles el informe jurídico que les "avalaba" y a informarles del accionariado y de las condiciones del contrato.

Según Quintero, ante esas "dudas de que fuera legal que la feria dispusiera de suelo público y lo asignara además con un contrato privado", pidieron otra reunión y desde Feria Valencia les emplazaron hasta enero, pero en Navidad salieron "celebrando a bombo y platillo la conclusión de las negociaciones y la firma del contrato". "Con ese comportamiento, pensamos que algo olía mal en Feria Valencia", añade.

No obstante, desde Feria Valencia argumentan que la institución "se atiene al derecho privado" y que invitaron a los comerciantes a sumarse al proyecto e instalarse en un espacio conectado, pero independiente, y éstos acogieron la oferta "de una forma razonable".

"FERIA VALENCIA NO NECESITA LEGITIMAR NINGÚN PROYECTO"

Según la versión ofrecida en la rueda de prensa, la desestimaron porque no incluiría a todo el sector y porque Soto les trasladó que su incorporación les "vendría muy bien" dado que "legitimaría" el proyecto, extremo que niegan tajantemente desde la institución. "Feria Valencia no necesita legitimar ningún proyecto puesto en marcha, se atiene al derecho privado", han declarado a Europa Press.

Además, desde la institución subrayan que Teyoland es "un proyecto bueno para el sector del mueble" y valoran que creará 250 empleos directos, otros 100 indirectos en el montaje y traslado y que dará negocio a 300 empresas proveedoras que soportan 7.500 empleos, un centenar de ellas ubicadas en la Comunitat Valenciana.

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