La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a una mujer de 51 años y un hombre de 65, de origen español e italiano, respectivamente, a tres años de prisión como presuntos autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de estafa, después de que falsificaran un DNI, una nómina y un certificado del IRPF y suscribieran dos préstamos por un importe de 60.045 euros para adquirir dos vehículos.
La sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), declara como hechos probados que ambos "urdieron un plan fraudulento para la adquisición de dos vehículos, utilizando para ello documentación falsa".
Los hechos ocurrieron en octubre de 2006, cuando según el relato de hechos probados, la acusada creó "bien personalmente, bien mediante otra persona" un DNI falso a nombre de la denunciante, así como una nómina para la que ésta no había prestado nunca servicio y una declaración de IRPF en la que se imitaba su firma.
Con esta documentación, los dos acusados formalizaron dos préstamos de 28.000 y 31.00o euros para adquirir dos vehículos, estipulando la domiciliación de los plazos en la cuenta de la denunciante.
El día 24 de ese mes, la mujer fue detenida por agentes de la Policía Nacional estando en posesión del DNI fraudulento.
A pesar de que durante el juicio la procesada esgrimió que entregó una fotografía suya y suscribió los contratos que le pasaron "por miedo", el tribunal considera que no hay indicio alguno que permita inferir la existencia de un temor que pudiera justificar su conducta.
Respecto al otro procesado, señala que se concertó con la mujer, a la que conoció en un bar, para "adquirir fraudulentamente los vehículos y venderlos a terceros". De hecho, fue éste quien se encargó de las gestiones previas a la adquisición de los turismos, ya que la acusada, según los testigos, tan sólo acudió a los dos concesionarios para la firma del contrato.
Por ello, la Audiencia condena a ambos a un año y nueve meses de prisión por el delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil y a un año y tres meses de cárcel por el de estafa. Asimismo, establece una multa total de 1.720 euros, así como la indemnización a las dos financieras afectadas y a la víctima.
En concreto, deberán pagar un total de 28.717 euros a Santander Consumer, 31.327 euros a Finanmadrid y 895,48 euros a la afectada.