El Consell asegura que los controles administrativos sobre las ayudas a cooperación "eran los adecuados"

Sede De La Dirección General De Inmigración Y Cooperación Al Desarrollo.
EUROPA PRESS
Actualizado 18/05/2012 16:27:43 CET

VALENCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y conseller de Presidencia, José Císcar, ha manifestado que los "controles" establecidos por la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía que encabezó el actual síndic del PP en las Corts, Rafael Blasco, "en principio, desde el punto de vista administrativa, eran los adecuados".

Así lo ha señalado el también portavoz en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, a preguntas de los periodistas por el auto por el que la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia notificó este jueves a las partes el levantamiento del al que estaban sujetas las diligencias previas de la conocida como 'causa de la cooperación', abierta desde mayo de 2011 por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental.

Císcar ha indicado que "en estos momentos, la Abogacía de la Generalitat lo está estudiando pormenorizadamente" y que, por tanto, "hasta que no sea la propia Abogacía de la Generalitat quien diga el alcance real, el contenido y las conclusiones que se pueden derivar del mismo", no pueden realizar valoraciones acerca de ese auto.

Preguntado por si han contactado con Blasco para ver qué tipo de controles fijaba, ha asegurado que hablan "permanentemente" con el que fuera titular de Solidaridad y Ciudadanía, a lo que ha agregado que tienen "claro" que "en la tramitación administrativa, había unos controles que en principio, desde el punto de vista administrativo, eran los adecuados".

No obstante, ha precisado que valorarán y analizarán "mejor" esta cuestión cuando tengan el informe de la Abogacía de la Generalitat.

LA COMISIÓN DE CRÉDITOS "SIGUE ADELANTE"

En cuanto a la "comisión de créditos" que se iba a desplazar a Nicaragua para comprobar los fondos que llegaron a destino, ha aseverado que esa comisión, que se nombró en el seno de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, "está realizando sus trabajos y, por supuesto, sigue adelante".

La acción judicial se sigue por un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo. En concreto, se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones.

Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití. En este momento de la instrucción, no se ha podido precisar todavía el dinero supuestamente defraudado.

22 IMPUTADOS EN LA CAUSA

Por esos supuestos delitos, hay 22 personas imputadas, a tres de las cuales no se les ha podido tomar declaración. De ellas, seis son cargos o excargos en la administración, como el ex director general de Integración y Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el ex subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos cesados por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por este motivo.

Las otras 14 personas imputadas, en su mayoría, están relacionadas con distintas ONG. Una de ella es Augusto César Tauroni, que está en situación de prisión provisional.

La juez mantiene distintas medidas cautelares para todos los imputados que están en libertad provisional, desde la presentación periódica en los juzgados a la retirada de pasaporte o la obligación de solicitar autorización para salir del país o comunicar cualquier cambio de domicilio.

En la causa están implicadas, al menos, seis ONG, entre las que se encuentra la Fundación Hemisferio. Asimismo, son 19 los testigos a los que ya se ha tomado declaración.

Durante el año de instrucción, la juez ha acordado la práctica de distintas pruebas, como documental, testifical, pericial y entradas y registrados en domicilios de personas físicas y jurídicas, incluidas dependencias oficiales de la Conselleria de Bienestar Social, ahora de Justicia y Bienestar Social.