VALENCIA 6 (EUROPA PRESS)
La Generalitat ha recuperado un total de 2,12 millones de euros de 539 defraudadores en "la primera campaña masiva en 20 años contra el fraude fiscal en el impuesto de patrimonio", según ha informado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra.
El pleno del Consell ha sido informado del resultado de esta campaña de requerimientos masivos contra el fraude fiscal en el Impuesto de Patrimonio que ha llevado a cabo el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT), organismo dependiente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. "Esta es la primera vez en la historia de la Generalitat que se realiza una iniciativa de este tipo", ha destacado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.
La campaña ha permitido identificar a un total de 539 defraudadores que han tenido que abonar 2,12 millones a la Generalitat, al aflorar ésta los bienes patrimoniales que estos contribuyentes no habían declarado.
La Generalitat ha requerido a estos defraudadores los pagos y, en los casos en que estos no han procedido a realizar de forma voluntaria la autoliquidación de sus bienes, ha sido la propia administración tributaria valenciana la que la ha practicado.
En este sentido, según Oltra, a la cantidad que se ha ingresado ya --2,12 millones--, habrá que sumar las correspondientes multas, cuya cantidad se determinará cuando finalicen los procedimientos sancionadores, así como las liquidaciones de los intereses de demora que se generen.
Desde el Consell han destacado "la necesidad imperiosa que existía en la Generalitat de llevar a cabo acciones como ésta". En este sentido, han señalado que "un Gobierno responsable tiene que luchar contra la evasión fiscal de forma decidida, ya que perjudica a toda la sociedad", porque "perseguir y atajar el fraude fiscal constituye una de las políticas más justas y solidarias que un gobierno puede llevar a cabo".
Además, la Generalitat considera que "asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias contribuye también al mantenimiento del estado del bienestar que se financia con los impuestos de todos los ciudadanos, sin necesidad de imponer recortes.
LABOR DE INVESTIGACIÓN
Para llevar a cabo esta campaña, desde el IVAT se ha realizado una "ardua" labor de investigación. En primer lugar, se han cruzado informáticamente los datos de los declarantes del Impuesto de Patrimonio en 2007 (último ejercicio anterior a la bonificación introducida por el anterior ejecutivo del PP) con los de los declarantes de 2012.
Con los resultados obtenidos empezó un "minucioso" trabajo, individualizado y manual, para supervisar uno a uno todos los casos y eliminar aquellos correspondientes a contribuyentes que fallecieron, cambiaron su residencia fiscal a otra comunidad autónoma o sufrieron una importante merma en su patrimonio.
Como resultado de esta titánica labor, se consiguió identificar a 1.800 potenciales defraudadores. De éstos, se seleccionaron únicamente aquellos cuyas procesos correspondían a 2012, y que suponían un total de 707 casos, dejando el resto para actuaciones posteriores.
A partir de aquí, volvió a empezar "una purga manual", en este caso para identificar posibles errores de forma, por ejemplo en el NIF, casos en los que exista una incompetencia territorial, insuficiencia de cuota. El resultado fue que se pudieron iniciar acciones contra 539 contribuyentes de un total de 707, lo que supone un 76,24% de eficiencia.
Desde el Consell se ha insistido en la importancia de generar una conciencia cívica que fomente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en el Impuesto del Patrimonio, no sólo por la mejora recaudatoria que supone, sino porque además produce un efecto inducido que fomenta el pago de otros tributos.
Asimismo, se ha destacado que el Impuesto sobre el Patrimonio se caracteriza por su carácter censal, ya que permite obtener información que resulta clave para la gestión de otras figuras tributarias generándose de este modo sinergias entre los diferentes impuestos.
AUSENCIA DE ACTUACIONES DE CONTROL
El Impuesto sobre el Patrimonio se había venido declarando en la Comunitat Valenciana hasta el ejercicio 2007, cuando el ejecutivo del PP decide prácticamente eliminarlo. Entre los años 2008 a 2011, ambos inclusive, permanece desactivado y en 2012 vuelve a ser obligatorio.
En ese momento, los contribuyentes se encuentran con que se habían introducido cambios normativos en el mismo poco conocidos, lo que genera un elevado nivel de confusión. Esta situación, unida a la práctica ausencia de actuaciones de control sobre el Impuesto de Patrimonio, convirtieron a esta área en una de las grandes olvidadas del anterior Consell del PP y un espacio de sombra propicio para el fraude fiscal, como consecuencia de la inacción desde la Administración.
