VALÈNCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este miércoles la modificación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la Comunitat, y reducir a 10.000 las firmas necesarias para llevar a la Cámara autonómica una de estas propuestas --hasta ahora eran necesarias al menos 50.000 firmas de electores-- y bajar de 18 a 16 años la edad límite para impulsar o participar como firmante en cualquier ILP.
La modificación de la norma ha salido adelante con el apoyo de sus impulsores, PSPV, Compromís y Podemos, y el voto en contra del PP y Ciudadanos (Cs), que se han opuesto a la reducción del número de firmas y de límite de edad. A partir de ahora, para impulsar o firmar una ILP sólo será necesario ser mayor de 16 años y estar empadronado en cualquier municipio de la Comunitat.
"Existe una demanda ciudadana de mejora de la información, transparencia, publicidad de la actividad legislativa y legitimidad de las leyes y decisiones de las Corts", apunta el texto, que modifica la normativa en cuanto a la imposibilidad de abordar materias legislativas en las ILP, y sólo excluye de la ILP la iniciativa legislativa presupuestaria anual y todas aquellas materias sobre las cuales las Corts no tengan competencia para legislar.
Así, será posible llevar a cabo iniciativas que aborden cuestiones relativas al título I del Estatuto de autonomía y a la organización territorial de la Comunitat Valenciana, materias de naturaleza tributaria y presupuestaria o que impliquen una reforma del propio Estatuto, cuestiones que la anterior norma no permitía.
"Resulta evidente que los temores y reticencias formulados en su momento en el debate constitucional se han demostrado excesivos e injustificados, y por tanto, el planteamiento de acuerdo con el objetivo de fomentar la participación y reforzar la democracia es eludir limitaciones de materias que coarten la expresión ciudadana trasladada a través de propuestas legislativas", defiende el texto.
Respecto al cambio en la edad mínima para poder participar, se argumenta que al tratarse de un procedimiento de iniciativa ciudadana y no de decisión final, resulta "un mecanismo óptimo para que la juventud forme parte del debate político y del proceso de adopción de decisiones", sobre todo a partir de los 16 años, cuando el ordenamiento jurídico faculta a las personas para emanciparse y "tener una vida independiente".
