VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora Valenciana de ONGD solicita una pena de 16 años de prisión para el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y otros 22 para el empresario Augusto César Tauroni como "principales responsables" del fraude de subvenciones dentro del conocido como caso Cooperación. En total, reclama 150 años de cárcel para los 21 acusados en las piezas 2 y 3 de este procedimiento.
Así lo ha dado a conocer esta parte tras presentar su escrito de acusación en el Juzgado de Instrucción número 21 de València. Atribuye a los acusados, en diferentes grados, delitos de asociación ilícita o pertenencia a grupo criminal, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental, encubrimiento y blanqueo de capitales.
Así mismo, solicita ocho millones de euros en multas y otros ocho millones más --cuatro de ellos en concepto de responsabilidad civil derivada de la comisión del delito de malversación de caudales públicos, y otros cuatro de indemnización por los daños morales sufridos, que deberán ser abonados por los acusados a la Generalitat destinados a programas de cooperación internacional al Desarrollo--.
Las penas de prisión que solicita la CVONGD para los principales responsables de la trama son de 22 años de prisión para Augusto César Tauroni; 16 años para Blasco; 14 años para el exjefe de Servicio Marc Llinares y para el responsable de la empresa evaluadora, Luis Castel Aznar; ocho años para el ex director general Josep María Felip; y siete años para el expresidente de la organización Fudersa, Rafael Barrera, entre otros.
Está pendiente de resolución el recurso de apelación por el que la CVONGD ha solicitado que se incluya entre los acusados a Fernando Darder, expresidente de la organización Esperanza Sin Fronteras; a Carmen Escriva, evaluadora de Biconsulting (UTE Broseta Abogados - Inversiones y Estudios Caaz SL); y que siga el procedimiento respecto a Josep Maria Felip por los hechos relacionados con las convocatorias del 2011.
La presidenta de la CVONGD, Trini Blanch, ha afirmado que después de cinco años de instrucción de este caso y la primera sentencia en firme de la pieza 1, "ahora se vuelve a demostrar que la trama era una asociación ilícita o banda criminal cuyo fin siempre fue apropiarse de los fondos destinados a cooperación internacional al desarrollo".
Blanch ha añadido que "su manera de defraudar fue la de falsear documentos para cumplir requisitos de las convocatorias y dar apariencia de legalidad a través de la manipulación de las puntuaciones de los proyectos afines a la trama". "De hecho --ha agregado-- hasta se llegaron a crear organizaciones como la Fundación Hemisferio y empresas instrumentales en paraísos fiscales expresamente para participar en el fraude".
