Delegación de Gobierno y Consell pedirán al Ejecutivo que retire recursos de inconstitucionalidad a leyes autonómicas

 

Delegación de Gobierno y Consell pedirán al Ejecutivo que retire recursos de inconstitucionalidad a leyes autonómicas

Actualizado 07/02/2012 14:22:22 CET
Paula Sánchez De León Y Serafín Castellano Se Reúnen
Foto: EUROPA PRESS

Reclaman una reunión con el Ministerio para tratar las prospecciones petrolíferas y el traspaso de competencias de los 'chiringuitos'

   VALENCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha mantenido este martes una reunión en la que han acordado solicitar al Ejecutivo central que convoque la Comisión Bilateral de Cooperación para tratar la retirada de los recursos de inconstitucionalidad que pesan sobre algunas leyes autonómicas como son la Ley de Caza con el parany, la Ley de Régimen Económico Matrimonial, la Ley de Custodia Compartida o cuestiones como el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio valenciano del Cabanyal.

   Asimismo, han abordado la situación de los locales de costa, los llamados 'chiringuitos', y han anunciado que pedirán reunirse con Medio Ambiente para pedirle en primer lugar, que prorrogue la moratoria a todos estos locales hasta que, tal y como ya anunciado el Ministerio, se modifique la Ley de Costas y "no lleguen más resoluciones restrictivas". Es más, instarán a la convocatoria de la Comisión Mixta para reclamar la transferencia de competencias sobre este tipo de establecimientos en el litoral.

   En este sentido, Castellano ha señalado que en su momento, la Generalitat ya presentó un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) que reconocía la habilitación competencial estatutaria del Consell y que ahora se trata de "retomar" el tema con el nuevo Gobierno y sus "nuevos ministerios". "No es un tema baladí" ha subrayado el conseller, ya que "afecta a más 5.000 puestos de trabajo de manera directa", y a un sectores claves en la Comunitat como son el servicios y el turismo.

   Por otra parte, ha asegurado que la Generalitat mantendrá la misma "coherencia" que hasta ahora para "rechazar de manera absoluta las prospecciones petrolíferas" en las playas de la Comunitat ya que según ha advertido, estas podrían afectar a "parajes de gran valor ecológico como les Columbretes, l'Albufera o el Montgó".

   Así ha recordado que el Consell interpuso en su momento ante Tribunal Supremo (TS) sendos recursos contenciosos administrativos contra los Reales Decretos que autorizaban estas prospecciones, algo que ahora trasladará al nuevo ministro en el ramo en esa reunión "conjunta" que solicitará junto a la delegada del Gobierno. transmitir.

   Para el responsable de Gobernación, durante los últimos años, el anterior Gobierno socialista mantuvo una "política errática, de discriminación o de intencionalidad política" contra la Comunitat Valenciana. "De hecho", ha apuntado, los datos del propio Ministerio de Administraciones Públicas sobre la conflictividad entre Estado y CCAA revelaban que "el 24% eran conflictos de competencias o recursos de inconstitucionalidad a leyes valencianas", es decir, "una de cada cuatro de toda España era contra la Comunitat y de los desestimientos no había ninguno a favor de la Comunitat, ha lamentado.

   A su entender, se trata de cuestiones "importantes que venimos peleando desde administraciones locales" como son el PEPRI del Cabanyal, la Ley de caza con el parany, la de Régimen Económico Matrimonial o la Custodia Compartida, por lo que pedirá al Estado que "se retiren" las medidas que hay planteadas en su contra para "volver a senda de normalidad y lealtad entre dos Gobiernos" y "desbloquear estas cuestiones conjuntamente".

   En la misma línea, Sánchez de León ha señalado que con el nuevo Gobierno central es el momento de "replantear" estos temas que preocupan a la Generalitat y establecer un calendario de trabajo en las próximas semanas que permita "desbloquear" su situación, algo para lo que ha garantizado que la "sensibilidad" del Gobierno "es absoluta".

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