Actualizado: martes, 21 noviembre 2017 16:04

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 56 personas e investigan a otras 52 en la Comunitat Valenciana por presuntamente defraudar 2.143.239,93 euros a la Seguridad Social a través de 25 empresas ficticias que supuestamente simulaban relaciones laborales de trabajadores en diversos sectores de la actividad laboral.

Según ha informado la Policía en un comunicado, entre los implicados se encuentran varios empresarios, dos autorizados por el Sistema RED de la Seguridad Social y los presuntos trabajadores que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios de la administración pública.

Asimismo, varios ciudadanos extranjeros regularizaron su situación administrativa en España gracias al fraude. En la operación se ha llegado a investigar a 1.211 trabajadores, de los que 81 han solicitado y percibido 484.698,16 euros en prestaciones del SEPE y del INSS. También han sido investigados 25 empresarios y dos gestores administrativos.

Las investigaciones comenzaron a principios de año, cuando se detectó un "importante" número de empresas sospechosas de defraudar a la Seguridad Social en la Comunitat, según los informes facilitados por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Valencia y Alicante.

Tras estudiar la documentación proporcionada, se solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Subdirección General de Prestaciones del SEPE y al INSS la correspondiente documentación, que reflejaba "la existencia de varias personas dedicadas a la simulación de relaciones laborales entre las mercantiles investigadas y los presuntos trabajadores que se habrían beneficiado de tal situación jurídica", ha señalado la Policía Nacional.

Las empresas inspeccionadas presuntamente generaron una deuda a la Seguridad Social de 1.658.541,77 euros por el impago de los seguros sociales generados como consecuencia del alta de los presuntos trabajadores. De los investigados no detenidos, hay dos empresarios que se encuentran internos en la prisión de Valencia y otro que reside en Francia.

Las empresas denominadas 'ficticias' son entidades físicas o jurídicas sin actividad laboral real y efectiva, utilizadas de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que, a cambio de diferentes cantidades de dinero, daban de alta en la Seguridad Social.

Los responsables de las mercantiles investigadas declaraban realizar una actividad laboral que las fuerzas de seguridad consideran que "en realidad no sucedía". Entre las empresas investigadas hay varias formadas por personal de nacionalidad ucraniana, búlgara y rusa, creadas para darse de alta en la Seguridad Social, unos como trabajadores y otros como empresarios.

PRESTACIONES "MUY SUPERIORES" AL GASTO

En otras, los trabajadores pasaban a ser administradores y viceversa, pagando regularmente las cuotas generadas por los seguros sociales de los presuntos trabajadores con el fin de no ser descubiertos a la vez que dificultaban las labores de investigación de los organismos dedicados a detectar el fraude.

A pesar de pagar las cuotas por los seguros sociales, las cantidades percibidas por las prestaciones recibidas eran "muy superiores" al gasto originado, pues solicitaban prestaciones por desempleo, subsidios, maternidad, paternidad, incapacidad temporal, pensiones de jubilación, etc.

Las pensiones de jubilación aumentaban de 21,78 euros a 391,35 euros tras supuestas gestiones fraudulentas. Había personas que, a raíz de los acuerdos bilaterales internacionales, pasaban a ser titulares de una pensión de 391,35 euros con revalorización anual, cuando las autoridades creen que les hubiese correspondido una por valor de 21,78 euros.

Este aumento se debió a que aportaron el informe de vida laboral de su país y también justificaron un año de alta como trabajadores en empresas radicadas en España, que posteriormente han sido declaradas 'ficticias'. Además, regresaban a su país de origen, por lo que no han podido localizarse en España.

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