ALICANTE, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La sección primera de la Audiencia de Alicante ha admitido parcialmente la queja interpuesta por Fiscalía y el recurso de apelación contra el auto de apertura de juicio oral por los presuntos amaños en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por los que irán a juicio los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, exclusivamente en lo que se refiere a la omisión de los responsables civiles subsidiarios, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Así, se deja sin efecto la providencia de 7 de marzo de 2018, en la que no se admitió el recurso de apelación de Fiscalía contra el auto de apertura de juicio oral de 23 de febrero de 2018 del caso por el presunto amaño del Plan General de Alicante.
Ante la omisión en el auto de apertura de juicio oral de los responsables civiles subsidiarios contra los que se pretende dirigir la acusación de Fiscalía, el ponente indica que la jurisprudencia admite que se pueda por la vía de la aclaración o la del recurso completar esa omisión ya que "la eventual condena de esos responsables civiles a los que no se ha dado ninguna oportunidad de intervenir podría incurrir en indefensión".
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
En cuanto a la exclusión del delito continuado de aprovechamiento por particular de secretos o de información privilegiada por parte del empresario Enrique Ortiz, la Audiencia lo inadmite ya que el Juzgado de Instrucción número 5 que instruyó el caso dictó el 29 de marzo de 2017 un auto firme de sobreseimiento provisional en el que rechazó la imputación del constructor por este delito.
El magistrado indica que, de admitir el recurso de queja interpuesto, "se estaría dando lugar a un recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento", que ya es firme.
DE VUELTA A LOS JUZGADOS
El Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, dio por finaliza la instrucción de las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, trasladando todas las actuaciones realizadas a la Audiencia Provincial en una diligencia firmada hace tres días, el 15 de mayo.
Ahora, el magistrado, que vuelve a tener el caso en sus manos, tendrá que decidir si completa la instrucción de oficio o resuelve el recurso de apelación de Fiscalía contra el auto de apertura de juicio oral de 23 de febrero de 2018, antes de dar de nuevo traslado a la Audiencia Provincial para el señalamiento del juicio oral.
El juzgado de Instrucción número 5 de Alicante abrió en febrero juicio oral a los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo (PP), y el empresario de la construcción Enrique Ortiz, entre otros acusados, por presuntas irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al PGOU de la ciudad, una rama del caso Brugal cuya investigación arrancó en 2010.
La exalcaldesa Castedo y el exalcalde Luis Díaz Alperi, serán juzgados por los delitos de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario; cohecho, tráfico de influencias y a Castedo se le suma el delito de prevaricación.
Enrique Ortiz tendrá que responder por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, al quedar fuera con auto firme contra el que no cabe recurso, el delito de aprovechamiento de información privilegiada. El ministerio público y la acusación particular EUPV, piden para los primeros 10 años de prisión y para el empresario ocho años el ministerio fiscal y 13, la acusación particular.
En la causa también serán juzgadas seis personas más, entre ellas, los abogados Francisco Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa, por los delitos de información privilegiada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias continuado y cohecho, y el hermano del constructor, Virgilio Ortiz, por corrupción de autoridades o funcionarios públicos.
