VALENCIA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Ecologistes en Acció ha calificado este martes de "bravuconada" el anuncio del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat valenciana de interponer una querella contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, como firmante de la orden ministerial que declaró un acto de expolio el Plan Especial del Cabanyal, y considera que la decisión "no pasa de ser un acto electoral ante las elecciones de mayo de 2011".
Según ha señalado la entidad en un comunicado, "si uno es conocedor de todo el expediente del Plan Especial del Cabanyal, se dará cuenta que la Orden del Ministerio de Cultura estaba justificada con informes, presentados por todas las instituciones que han declarado la ilegalidad del citado Plan Especial".
Entre ellas, ha citado a la Sindicatura de Greuges; la Unidad de Inspección del Patrimonio Histórico-Artístico de la Dirección Territorial de Cultura y Educación de Valencia; la Junta de Facultad de Derecho de la Universitat de València; los ocho magistrados del Tribunal Superior de Justicia que formularon un voto particular contra la sentencia favorable al Plan; la Secretaria General Técnica del Ministerio de Vivienda; la Secretaria General del Comité Español de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios); la Subdirectora General de Protección del Patrimonio Histórico, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de este Departamento; la Real Academia de la Historia; el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí; el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y la Abogacía del Estado.
Ecologistas en Acción se ha preguntado si ampliarán la querella "a todas las personas que forman parte" de estas instituciones y contra los miembros del Consejo de Estado, del Tribunal Constitucional y Audiencia Nacional "que votaron a favor de suspender la ejecución del Plan Especial del Cabanyal".
La entidad ha pedido igualmente a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, --ante las declaraciones que ha realizado acerca de que exigirá "daños y perjuicios por los efectos generados en el barrio, paralizado desde hace casi un año"-- que aclare "si también contabilizará los perjuicios generados al barrio, por la paralización establecida por los tribunales, desde el 31.2.2001 al mes de marzo de 2008, por no haber hecho bien los deberes el Ayuntamiento".
"Si pretenden presentar una querella, que ya fue anunciada hace un año, ¿por qué en todo ese tiempo no han conseguido un informe de un penalista que diga que de la Orden Ministerial se deduce la consumación del delito de prevaricación y otros?", insiste la asociación.
