VALENCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La concejala de Desarrollo Económico Sostenible en el Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, tendrá que declarar como investigada el 27 de abril tras la querella que le ha interpuesto la concejala del PP Beatriz Simón por unas afirmaciones relacionadas con el conocido caso Taula que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.
Así consta en la resolución, en la que el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia cita a Gómez el día 27 de abril, a las 11.30 horas, en un procedimiento seguido por un presunto delito de injurias.
Simón ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que presentó esta querella porque Gómez "dijo que el PP estaba blanqueando dinero" a través de su empresa en el marco de una comisión de investigación de Taula que se desarrollaba en el consistorio valenciano.
"Mi socia y mi empresa no tienen por qué soportar eso", ha afirmado Simón, quien ha aseverado que su objetivo es que "algunos aprendan que hay una línea que no se debe sobrepasar". "Creo que todo no puede valer", ha puntualizado.
A su juicio, la comisión de Taula "está para averiguar la verdad" y "si alguien dice que consta en el sumario una afirmación que no es cierta y está perjudicándome, imputándome un delito que no consta, creí que debía ejercer mi derecho y querellarme, como he hecho".
"La jueza decidirá", ha proseguido, y ha agregado: "Lo único que quiero es que aprendan que no se puede decir lo que uno quiera" y ha avanzado que ha interpuesto más querellas por este tipo de afirmaciones.
A su entender, la libertad de expresión "tiene que ir acompañada de que cada uno sea responsable de sus palabras y de sus actos. No puedes decir lo que quieras para hacer un daño personal. No puedes imputar falsedades porque no somos enemigos, solo adversarios políticos, y sacar las cosas de contexto es muy peligroso", opina.
Frente a ello, Sandra Gómez ha replicado que desde un punto de vista político, el PP no les va a "amedrentar" ni a "meter miedo" con este tipo de querellas "a las personas que defendemos el interés de la ciudadanía y luchamos contra la corrupción". "Esto es una querella que lo único que intenta es coartar nuestra libertad de expresión", ha apostillado.
Desde un punto de vista jurídico, la edil entiende que la querella es "ridícula" y que "no va a ningún puerto", "no tiene ninguna viabilidad". "Los representantes públicos somos las personas con un derecho de expresión más ampliamente reconocido por la Constitución", ha afirmado.
Por último, ha aclarado que ella "preguntó" si se utilizaba la empresa de Simón para blanquear dinero porque "parece que algunos testigos lo han trasladado al juez". "Tengo derecho a preguntar, mi libertad de expresión es súper amplia. Y, además, es que está. Cuando se levante el sumario se verá que hay testigos que han hecho esas declaraciones", ha insistido.
