Educación se personará por presuntas responsabilidades contables de la compra de Valmor por Cirtuito del Motor

 

Educación se personará por presuntas responsabilidades contables de la compra de Valmor por Cirtuito del Motor

Fernando Alonso Durante Los Libres Del GP Europa
EUROPA PRESS
Actualizado 20/02/2017 16:12:01 CET

VALENCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha anunciado que se personará esta semana como acusación particular en el caso Valmor, por las presuntas responsabilidades contables derivadas de la compra de Valmor Sports S.L por parte del Circuito del Motor Ricardo Tormo en la anterior etapa de la Generalitat.

Según ha asegurado el titular de este departamento, Vicent Marzà, en un comunicado, este paso es "una media más para facilitar todas las vías necesarias de colaboración con la Justicia que aclaren un escándalo más del antiguo gobierno", dirigido por el PP.

En junio de 2015, el juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ordenó investigar la compra de Valmor --la empresa encargada de la organización de la Fórmula 1 en Valencia-- por parte de Generalitat y decidió incoar diligencias previas por una causa en la que se investiga al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la exconsellera Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez 'Aspar'.

Esta causa, que se inició por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, está abierto por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos y la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.

Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".

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