Un empleado de la Generalitat denuncia a Barberá por afirmar que todos los políticos y funcionarios reciben regalos

Ciudad De La Justicia De Valencia
EUROPA PRESS
Actualizado 16/01/2012 16:10:41 CET

VALENCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El funcionario de la Generalitat valenciana y miembro de la Junta de Personal de esta administración autonómica Alfonso Puncel ha presentado este lunes una denuncia por injurias y calumnias contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, después de que la primera edil manifestara el pasado viernes en rueda de prensa que "todos los políticos y funcionarios reciben regalos en Navidad".

Así lo recoge el escrito presentado en el juzgado por este empleado público, que asegura sentirse "directamente calumniado e injuriado" por esas declaraciones dada su condición de funcionario.

El denunciante señala que esas manifestaciones pueden constituir "un delito de injurias y calumnias graves con publicidad" y considera que la generalización que efectuó la alcaldesa en sus declaraciones le afecta a él tanto colectiva como individualmente.

En este sentido, sostiene que la ley establece que la persona que injurie debe "demostrar la verdad de las imputaciones" y que, por tanto, Rita Barberá tendrá que probar que él "ha recibido en Navidad y por extensión en cualquier momento desde que es empleado público, regalo de empresa o de cualquier otra persona en su condición de funcionario".

El escrito recoge que, según la legislación vigente, el acusado de injuria quedará exento de responsabilidad si prueba la verdad de las imputaciones que se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones administrativas.

Puncel incide en la mayor gravedad de esas "acusaciones" dado que Barberá "es responsable última del personal de la administración local a quienes incluye en sus declaraciones" y, en calidad de alcaldesa y máxima responsable de personal, "tiene la responsabilidad de defender la dignidad de estos trabajadores" y de "sancionar aquellos empleados que cometan faltas o delitos".

A su juicio, con esas declaraciones, la primera edil "incumple con esta función" y ello "constituye un agravante que debe ser tenido en cuenta a la hora de calificar el delito de injurias y calumnias".

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