EU pide 10 años de cárcel para los exalcaldes de Alicante Castedo y Alperi por el supuesto amaño del PGOU

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Alperi y Castedo en imagen de archivo
EUROPA PRESS
Actualizado 14/02/2018 14:23:15 CET

   ALICANTE, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

   

 La acusación particular ejercida por Esquerra Unida en la rama del caso Brugal relativa al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha solicitado penas que suman diez años de prisión para los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo (PP), y 13 años para el empresario Enrique Ortiz, acusados de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. Además, a Castedo le atribuye prevaricación.

   En su calificación provisional, la acusación particular solicita además para Castedo, Alperi y Ortiz una multa, para cada uno de ellos, de 42.100.911 euros, cifra en la que cuantifican la diferencia del valor de los suelos participados por Ortiz antes y después del presunto amaño del PGOU. En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, también se solicitan penas para otros seis acusados entre los que se encuentran el hermano de la exalcaldesa, José Luis Castedo, y el del constructor, Virgilio Ortiz.

   Además, acusan al hermano de Castedo y al abogado Javier Gutiérrez de, a través de Salvetti Abogados y Consultores SL y otras sociedades, realizar una labor de "redacción, asesoramiento y formulación de alegaciones en el PGOU que les reportó pingües beneficios", según recoge el escrito de calificación de EU.

   En dicho escrito, de 41 páginas, el abogado de Esquerra Unida se centra en Ortiz, Alperi y Castedo, los tres acusados "principales de la trama", a quienes considera autores "intelectuales y materiales" de los delitos imputados, que tenían como objetivo "conseguir un PGOU que favoreciera los intereses del acusado Enrique Ortiz" y de otros investigados en la causa.

   Al respecto, el documento desgrana los distintos cargos que se imputan a los acusados, en base a los informes policiales derivados de la investigación del caso Brugal, en los que "se pone de manifiesto la influencia ejercida" por Ortiz sobre Castedo y Alperi y sobre funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, para que el empresario pudiera "imponer sus intereses" en la confección del PGOU.

   En ese sentido, el escrito relata que durante la redacción del PGOU, "con el consentimiento del alcalde Díaz Alperi" y "a través" de la entonces concejala de Urbanismo y posteriormente alcaldesa, Sonia Castedo, el empresario Enrique Ortiz "conoce las determinaciones del planeamiento que se elaboran e influye en la plasmación sucesiva de las mismas a favor de sus intereses".

PLANOS EN MANOS DE ORTIZ

   Según la acusación ejercida por EU los acusados Díaz Alperi y Sonia Castedo "entregaron planos de revisión del PGOU a Ortiz, anteriormente a la exposición pública, y las dos aprobaciones provisionales del PGOU". Al respecto, la acusación recoge hasta ocho situaciones en las que el Ayuntamiento dirigido por Alperi primero y por Castedo después benefició al empresario en la confección del PGOU de la ciudad.

   Dichas situaciones hacen referencia a la tasación de suelo rural de los parques naturales en zonas donde Ortiz tenía intereses, con criterios distintos a los que establece el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), de manera que dichas tasaciones se ajustaron "a las conveniencias de los acusados Enrique Ortiz, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo", según indica el escrito.

   En otros casos, como el de las Lomas del Garbinet, en el PGOU inicial de 2004 aparecían como suelo no urbanizable, pero tras la revisión del mismo estos terrenos, sobre los que Ortiz tenía intereses a través de la empresa Inmovist Inversiones Inmobiliarias SL, "aparecen como urbanizables", y al respecto el escrito de la acusación particular hace referencia a una reunión entre el empresario, el arquitecto municipal Jesús Quesada y la exalcaldesa Sonia Castedo "previamente a la exposición pública, incluso antes de la presentación del primer documento del PGOU en revisión".

   A dicha reunión, según indica el escrito, le siguió una llamada telefónica intervenida por la Policía entre Castedo y Ortiz, en la que ésta le dice al empresario: "Te hemos apañado lo que hay entre el APA 9 y Lomas del Garbinet", según recoge la calificación provisional de la acusación particular.

INTENTOS DE BENEFICIAR AL EMPRESARIO

   Otra de las situaciones en las que se denuncia el intento de beneficiar al empresario es la relativa a la recalificación del entorno del estadio Rico Pérez, intento que la acusación particular tilda de "realmente extravagante en términos de técnica urbanística".

   Así, el escrito de acusación considera que la recalificación del suelo del entorno del estadio y su adquisición por parte de la empresa de Ortiz Aligestión Integral "vino determinada por el compromiso de su ulterior recalificación por parte de las entonces autoridades municipales", y al respecto asegura que "de ello dan cuenta múltiples conversaciones intervenidas al empresario".

   Otra de las situaciones en las que el Ayuntamiento presuntamente benefició al empresario o en la que éste supuestamente obró para obtener un beneficio ilícito son la recalificación de suelo de El Saladar, junto al parque natural de Aguamarga, que fue "objeto de una operación especulativa liderara" por Ortiz, quien conocía que tales suelos serían objeto de reclasificación a urbanizable "bajo auspicio del alcalde Díaz Alperi", según recoge el escrito.

   En el caso del sector Torres de la Huerta, el escrito de la acusación establece que en dicha zona "el acusado Enrique Ortiz tiene importantes propiedades, las influencias van en la dirección de incrementar el aprovechamiento y disminuir la superficie de Parque Natural adscrito, así aumenta el rendimiento edificatorio del sector, mientras disminuye el aprovechamiento a repartir proveniente de los Parques Naturales".

   Así mismo, también se recogen irregularidades en la clasificación del sector del Pla de Xirau, en Fontcalent y en el de Rabassa, siendo ésta última una de las partes del caso que más trascendieron al ser el lugar donde se proyectaba la instalación de la multinacional del mueble IKEA.

   Al respecto, la acusación particular considera que lo acordado en el sector de Rabassa "por mor de la influencia ejercida por el señor Ortiz, fue que el Plan General en revisión recogería lo relativo a la ubicación de un Centro Cívico en el sector a la medida de lo pactado entre Ortiz e Ikea".

   Ante todo lo anterior, la acusación ejercida por EU adjunta al escrito un informe de los servicios técnicos municipales que cuantifican en 42.100.911 euros la diferencia del valor de suelos participados por Ortiz en los sectores de Torres de la Huerta, Fontcalent, Saladares y Lomas del Garbinet, entre el momento anterior a la revisión del PGOU de 1987 y el de la aprobación provisional del 31 de mayo de 2010.