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VALENCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La diputada provincial de Esquerra Unida en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo, ha señalado, en referencia a la sentencia que anula el acuerdo adoptado por la Emshi por el cual la empresa Aguas de Valencia se convertía en socio privado de la misma, que "allá por dónde ha pasado el presidente de la Emshi, Enrique Crespo, ha aparecido un rastro ilimitado de irregularidades". Pérez Garijo considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anula "el sospechoso regalo del PP valenciano a una empresa a la que está tan ligado".
La diputada provincial, en un comunicado, ha destacado que el TSJCV ha observado "graves irregularidades en una operación en la cual los intereses del PP se entrelazaban constantemente". Pérez Garijo ha afirmado que la "intención más que sospechosa de regalar una facturación de 2.500 millones de euros a Aguas de Valencia por parte del PP valenciano se ha visto parada por las irregularidades de Crespo".
Por otra parte, la diputada provincial ha recordado que "paradójicamente, la empresa que había presentado el recurso de apelación contra la adjudicación a Aguas de Valencia ha protagonizado actuaciones ilegales en el servicio de abastecimiento de aguas a la ciudad de Barcelona, según recoge la sentencia 298/2010 del Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de la capital catalana". "De hecho, el magistrado Eduardo Paricio Rallo dictaminó que el precio que cobra la compañía a los ciudadanos de Barcelona es ilegal", ha añadido.
Esto muestra, según Pérez Garijo, "la importancia del derecho al agua y la necesidad de controlar a fondo las numerosas irregularidades que se producen en este ámbito debido a las íntimas vinculaciones con el poder político".
La diputada provincial ha recordado en este sentido que el Ayuntamiento de Paris "remunicipalizó el servicio del agua en 2010 consiguiendo rebajar las tarifas al año siguiente" y que en Italia, en un referéndum celebrado en junio del 2011 en el cual votaron más de 25 millones de personas, "se reformó una Ley que obligaba a la privatización de los servicios públicos del agua".