VALENCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
EUPV ha presentado este miércoles en el juzgado de guardia de Valencia una querella "en el ejercicio de la acción popular" contra cuatro consellers --José Císcar, María José Català, Máximo Buch e Isabel Bonig-- y el exconseller y actual delegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano, por considerar que han vulnerado "derechos civiles ciudadanos fundamentales" al denegar o dilatar la entrega de documentación a la formación sobre distintos contratos y actuaciones del Consell.
Así lo han explicado la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, y el candidato de EUPV a la Presidencia de la Generalitat y portavoz en las Corts, Ignacio Blanco, a las puertas de la Ciudad de la Justicia tras presentar la querella dirigida contra el vicepresidente primero y conseller de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar; la portavoz y responsable de Educación y Cultura, María José Català; el titular de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, y la de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, además de Castellano.
Blanco ha explicado a los medios que EUPV pretende "que declaren como querellados" los cinco cargos públicos y que "se aporten los informes que en su momento justificaron la negativa a darnos la documentación" solicitada y aquellos "que supuestamente justificaron la presentación de recursos de casación y, en algunos casos, la retirada de los recursos de casación" contra las sentencias que respaldaban la petición de este grupo político.
Ha precisado que se reclama información como las facturas de caja fija y otra relacionada con las encuestas de opinión trimestral "que encargaba y pagaba el Consell con fondos de los valencianos", con el Plan de Revisión de Centros Escolares, con contratos con "hijos del señor Taronger" o con la VIU.
"Entendemos que no habrá informes que avalen este comportamiento, un comportamiento político que ha quedado claro en respuestas parlamentarias" y que "responde a intereses partidistas y no sabemos si personales de intentar ocultar el gasto que se hacía por parte de altos cargos del Consell con dinero público", ha indicado el portavoz de EUPV, que ha agregado que esta actitud "ha quedado clara en respuestas parlamentarias" a la solicitud de información.
A este respecto, ha comentado que María José Català "en una ocasión cuando le echamos en cara que no estaba cumpliendo con la legislación" dijo a este grupo parlamentario que "si pensara que es una oposición responsable y que iba a hacer un buen uso de esa documentación, se la daría". "Ésa es una valoración política que ella no puede hacer", ha agregado el diputado.
Ignacio Blanco ha recordado la existencia de sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y del Tribunal Constitucional que reconocen el derecho a obtener esa información y la vulneración de la Carta Maga por parte de la administración autonómica.
"Hay sentencias que reconocen nuestro derecho, la vulneración de la Constitución por parte del Consell. Ante todo eso, ha llegado el momento de dar un paso más y presentar por la vía penal una querella criminal contra las personas que están impidiendo el ejercicio de derechos cívicos", ha expuesto en este sentido.
"SE ESTÁ ACTUANDO DE MANERA ARBITRARIA"
Blanco ha agregado que el Código Penal, en su artículo 542, "habla de ese delito, del impedimento del ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución y en las leyes" como "está sucediendo aquí". "Se está actuando de manera arbitraria y se está incumpliendo la legalidad de manera sistemática y a sabiendas", ha subrayado.
A este respecto, Marga Sanz ha censurado que el Gobierno valenciano, "de forma continuada y recurrente" y "a sabiendas de que se está cometiendo ilegalidad", impida a EUPV "el ejercicio del artículo 23 de la Constitución, el ejercicio del derecho de políticas fundamentales", así como la posibilidad de "tener información y acceder a documentación pública".
El candidato de EUPV ha precisado que dicho delito "se castiga con una inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o función pública de uno a cuatro años" y ha manifestado que lo que busca esta formación es que aquellas personas que están practicando la opacidad, que es el caldo de cultivo de la corrupción, no puedan seguir al frente de sus responsabilidades en el gobierno".
Ignacio Blanco ha explicado que "hay más de 30 sentencias del TSJ en esta legislatura que condenan a distintos consellers por denegar documentación" solicitada por los grupos de la oposición y ha considerado que al no facilitar esa información "se está impidiendo por parte de miembros del Consell y de manera sistemática" el "ejercicio del derecho a la representación política" y "a la participación de la ciudadanía en asuntos públicos".
"PRÁCTICAS OPACAS"
"Las Corts Valencianes son casi conocidas mundialmente por su falta de transparencia y por el hecho de que siguen imputados por corrupción ocupando algún escaño. Nosotros queremos llevar a los corruptos a la cárcel y a las personas que de alguna manera están amparando la corrupción por sus prácticas opacas, fuera de la vida política", ha planteado el portavoz de EUPV. Blanco ha aseverado, por otro lado, que los recursos de casación presentados por el Consell contra sentencias que respaldan las solicitudes de información de su partido "no tienen más objeto" que "dilatar el cumplimiento de la ley y la entrega de la documentación".
El parlamentario ha confiado en que "ágilmente la justicia pueda abrir un procedimiento de instrucción y citar a declarar" a Císcar, Català, Buch, Bonig y Castellano para "dictar sentencia de acuerdo a los intereses generales".
"¿Cómo puede ser que no nos den los contratos públicos, qué se amparen en cláusulas de confidencialidad que no existen o que si existen no tienen validez legal?", ha preguntado Blanco, quien ha señalado que se trata de "ir por la vía penal contra las personas que están vulnerando sistemáticamente la ley".
