Foto: EUROPA PRESS
ALICANTE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La ex directora general de la CAM María Dolores Amorós ha pedido 10 millones de euros en concepto de lucro cesante y el doble de indemnización que le correspondería por el despido acordado por los administradores del FROB a finales de septiembre de 2011.
El juzgado número 4 de lo social de Alicante está celebrando el juicio por el despido de la exdirectiva, que recurrió su despido de la entidad financiera. Amorós pide 10 millones en concepto de lucro cesante, es decir, la cantidad que hubiera cobrado en los 17 años que le quedaban como empleada de la caja antes de su jubilación. Además de esta cantidad, pide el doble de la cuantía que le correspondería en concepto de indemnización por despido improcedente.
Esta indemnización alcanzaría una cantidad por determinar, aunque hay que tener en cuenta que Amorós llevaba trabajando unos 20 años como empleada de la CAM. Igualmente, la exdirectiva también considera que el despido le ha causado daños morales en su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en diciembre de 2010 y el 10 de agosto de 2011, una vez intervenida la entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus competencias, para ratificarse en su decisión y despedirla definitivamente poco después.
Los gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) concluyeron en su informe que Amorós "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", y cuestionaron su gestión por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".
Este informe ha conllevado la apertura de un expediente disciplinario a la cúpula de la CAM. Además, sus conclusiones, enviadas a la Audiencia Nacional, están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, que está valorando presentar una querella contra la exdirectora general de la CAM, tras comprobar la existencia de las irregularidades denunciadas por el Banco de España en su concesión de la pensión vitalicia