Exgerentes de Emshi, Ramón-Llin y Marí abren las testificales para esclarecer la trama de Emarsa

M.ª Àngels Ramón- Llin
PP
Actualizado 04/06/2017 12:34:41 CET

VALENCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Exgerentes de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), la concejal del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de Valencia María Ángeles Ramón-Llin y el alcalde de Albal y exvicepresidente de Emarsa, Ramón Marí, abrirán las testificales para esclarecer la presunta trama de Emarsa.

Hace un par de semanas terminaron de declarar los 24 acusados en este procedimiento, la pieza principal del caso Emarsa --en el que se ha investigado un presunto desfalco que ronda los 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo--, y las testificales arrancarán el próximo 6 de junio, a las 9.30 horas, con Joaquín Juste, exgerente de la Emshi, según consta en el calendario consultado por Europa Press.

La próxima semana también están citados Rafael Arce, relacionado con la Gerencia de Emshi, y J. Antonio Martínez, de la misma entidad. Asimismo, el día 15 del mismo mes deberán comparecer en la vista Ramón-Llin, quien fue miembro del Consejo de Administración de Emarsa, y Marí, denunciante del caso Emarsa.

Otras testificales previstas para este mismo mes son las del exvicepresidente de Emarsa y exalcalde de Mislata Manuel Corredera --día 20--; y la del exalcalde de Torrent y exmiembro del Consejo de Administración de Emarsa, Josep Bresó --día 21--.

El tribunal permite a los acusados no asistir a estas sesiones y únicamente estarán obligados a comparecer el día de las conclusiones y el último día de juicio para hacer uso de su derecho a la última palabra, según indicó el presidente del tribunal juzgador tras declarar el último acusado.

El juicio por esta pieza de Emarsa arrancó a principio de mayo tras dos aplazamientos. El primero, hace ya más de un año y medio, que tuvo lugar tras reclamarlo algunas defensas en base a que hacía tres meses que se había detenido al fugado Jorge Ignacio Roca y se estaba a la espera de que fuera extraditado a España. Entonces el caso volvió al juzgado, se practicaron nuevas diligencias y se señaló nueva fecha de juicio para el 13 de marzo de 2017.

Durante ese tiempo, algunos acusados cambiaron de letrado a causa de renuncias o alguna incapacidad, y precisamente éste motivo fue el alegado por las defensas para volver a pedir la suspensión de la vista en el mes de marzo. El tribunal volvió a aceptar un aplazamiento y fijó nueva fecha de juicio para el día 2 de mayo.

Entre los acusados, además de Roca, figuran el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente del consejo de administración de Emarsa, Enrique Crespo; y los que fueran cargos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla (gerente) e Ignacio Bernácer (jefe de Explotaciones).

Asimismo, se sientan en el banquillo de los acusados el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta; Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa; Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad; Enrique Arnal Llorens, ex director económico-financiero; Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia e Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP.

Junto a ellos figuran los empresarios Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec; María Paz García martínez, hermana de 'Chanín'; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis; Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua y Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet.

Otros acusados son Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; Leonor Moreno, abogada de la entidad; Luis Antonio Botella, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín'; Daniel Calzada de la mercantil Llar Calzada y a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente.

El procedimiento saltó a la luz en 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más. El proceso se dividió en 11 piezas, entre ellas la principal.

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