VALENCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval) ha asegurado este lunes que la contratación y tareas desempeñadas por cuatro trabajadores contratados por la patronal para dar cursos de formación a profesores--que cobraban sueldos de docentes de la Conselleria de Educación sin ejercer como tal-- así como el sistema de retribución de estos mediante pago delegado "estaban amparados en un convenio firmado entre Feceval y la Conselleria" de Educación.
En un comunicado, ha reiterado que "ni la Federación ni su directiva han percibido cantidad alguna de la Conselleria de Educación por estas ayudas a la formación, dado que el abono de dichos salarios se efectuaba directamente desde el Servicio de Centros a cada uno de dichos trabajadores, en su calidad de coordinadores y organizadores de la formación del profesorado, tal y como establecía el convenio suscrito con la Conselleria".
Así lo ha señalado Feceval después de que su presidente, José Manuel Boquet, haya comparecido este lunes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia a prestar declaración en calidad de investigado en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el pago a colegios concertados de la Comunitat Valenciana.
Las mismas fuentes han precisado que Boquet "ha contestado a todas las preguntas que le han sido formuladas, todas ellas relacionadas con el personal que se dedicaba a la coordinación y organización de la formación del profesorado".
El juzgado encargado de este procedimiento investiga presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. La causa parte de una denuncia interpuesta por Compromís en la que aludía a la posible existencia de liberados sindicales que cobrarían del dinero de la Conselleria destinado a las nóminas de los profesores sin realizar labores docentes, ya que trabajarían como liberados sindicales para las organizaciones Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y Federación de Centros de la Enseñanza Valenciana (Feceval).
En concreto, la coalición indicaba en su denuncia que los pagos mensuales a docentes de centros concertados asumían el abono de las horas correspondientes de los liberados sindicales, en función de la representatividad obtenida en el sector por las respectivas organizaciones sindicales.
Pero añadía que, junto a estos liberados sindicales también se retribuía la nómina de 10 personas bajo el epígrafe 'liberados patronal', lo que supondría "una financiación irregular" de unos 350.000 euros anuales.
El fiscal, tras estudiar esta denuncia y diferente documentación recabada --parte de ellas a las propias patronales de enseñanza-- observó presuntas irregularidades en la actuación con estos liberados, así como en otras vertientes más, con lo que denunció los hechos en el juzgado.
El ministerio público también observó supuestos pagos excesivos por concierto entre los años 2008 y 2014, y la existencia de algunos docentes mayores de 65 años que, presuntamente, habrían estado cobrado sin ejercer ningún tipo de actividad docente.
