VALENCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Antidroga propondrá a la Fiscalía General del Estado que traslade al Gobierno central una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se regulen las grabaciones en calabozos o en locales cerrados y, de esta manera, evitar que se anulen procedimientos con una larga investigación.
Así lo ha avanzado este viernes el fiscal jefe de la Fiscalía Antidroga, José Ramón Noreña, en una rueda de prensa en Valencia tras unas jornadas de fiscales delegados de este departamento. Recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado que puedan grabarse las conversaciones que los detenidos mantienen en los calabozos porque este tipo de intervenciones no están previstas ni por la Ley de Enjuiciamiento ni tampoco en la Ley General Penitenciaria.
Noreña ha justificado esta propuesta --reforma de la normativa-- en que la sentencia del TC anula las grabaciones "porque no existe previsión legal alguna, no porque la ley no sea suficientemente explícita", ha dicho.
En esta línea, ha agregado que los fiscales delegados Antidroga han dejado "de una manera más abierta" el supuesto de grabaciones en ambientes abiertos, es decir, en lugares públicos, "porque no es el caso resuelto en la sentencia y puede haber alguna diferencia". "Necesitamos estudiarlo, no es algo tan sencillo", ha apostillado.
Preguntado por si hasta que se regulen, tienen previsto dejar de aprobar este tipo de grabaciones, ha señalado que hay que planteárselo. "El sistema --ha agregado--, es decir, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se tendrán que poner las pilas mientras se regula o no para ver la forma de investigar de otra manera, porque no podemos arriesgarnos a que una larga investigación acabe en nada porque se anule una actuación de este tipo".
Por otro lado, durante la reunión de delegados en Valencia también se ha abordado el problema de la sustitución de la pena privativa de libertad en el caso de delincuentes extranjeros por la de expulsión de España.
Al respecto, el fiscal jefe ha explicado que han llegado a la conclusión de que, salvo en casos de pequeño tráfico de droga, cuando se trata de extranjeros que pertenecen a un grupo criminal, no se tiene que solicitar la expulsión inmediata, sino esperar a que se cumplan al menos dos de las terceras partes de la pena, o de las tres cuartas partes, y que le queden, una vez cumplido este tiempo, menos de seis años para pedir esa solución.
Por otra parte, en el encuentro se ha tratado el tema de la geolocalización, instrumento utilizado bastante a menudo como medio para ubicar a una persona en un lugar y tiempo determinado. "De acuerdo con jurisprudencia, aquí no está en cuestión el secreto de comunicaciones, sino solo algún aspecto muy periférico del derecho a la intimidad, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, creemos que los instrumentos se pueden seguir usando", ha comentado.
