VALENCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Provincial de Valencia exige a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural que adopte medidas para evitar la electrocución de aves en la Zona de Especial Protección para las Aves de la Serra del Montdúver y la Marjal de la Safor, según ha podido saber Europa Press.
Desde abril de 2005 hasta marzo de 2016 se han registrado 24 muertes por electrocución de aves protegidas en esta zona. Como consecuencia, el ministerio público reclama a la conselleria que inicie un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental a las empresas propietarias de las torres de alta tensión que se encuentran en estos terrenos. Se trata de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, Correos y Telégrafos, Generalitat Valenciana-Retevisión Mondúver y Renfe.
Este procedimiento --no sancionador-- consiste, según han explicado a Europa Press fuentes del ministerio público, en instar a las empresas responsables de estos hechos a reparar los daños causados, si es posible, y a evitar que vuelvan a registrarse en el futuro. En caso de no hacerlo, la Administración tiene potestad para realizar una ejecución forzosa y cargarle luego los costes a las entidades implicadas.
En mayo de 2016 el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Gandia (Valencia) remitió un atestado a la Fiscalía que motivó una investigación penal en torno al fallecimiento de estas aves protegidas. Transcurridos unos meses, se archivó esta vía y se inició una investigación en la Sección de lo Contencioso-Administrativo que ha derivado en esta reclamación a conselleria.
Según recoge el fiscal en su escrito remitido a Medio Ambiente, las empresas cuestionadas mantienen apoyos o torretas en esta zona protegida de la Safor, por donde tienden líneas de media tensión eléctrica, sin adoptar medidas para prevenir y evitar la colisión y electrocución de las aves.
Como consecuencia, tal y como indica el Seprona, desde abril de 2005 hasta marzo de 2016 se tienen registradas 24 muertes por electrocución de aves protegidas. Se trata de ocho búhos reales; cinco ratoneros; nueve águilas calzadas; y dos cernícalos.
El fiscal entiende entonces que el mantenimiento de estas torretas en esta zona protegida está causando un daño medioambiental en cuanto que "producen efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de sus hábitats o especies".
En esta línea, cita el informe del Seprona que concluye que la elevada mortalidad de la avifauna por la ausencia de medidas de protección eléctrica está causando graves desequilibrios en el ecosistema "que se traducen en multitud de plagas que causan graves pérdidas en la agricultura, accidentes y, sobre todo, un peligro potencial en cuanto a la pérdida de la biodiversidad".
Es más, el fiscal recuerda que el artículo 45 de la Constitución Española establece el deber de todos de conservar el medio ambiente, la obligación de utilizar racionalmente los recursos naturales, así como la de reparar los daños causados. También alude a la Ley del Sector Eléctrico que obliga a un "adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente".
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Por todo ello, exige a Medio Ambiente que abra un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental a Iberdrola, Correos y Telégrafos, Generalitat-Retevisión Mondúver y Renfe y defina medidas de prevención o de evitación de nuevos daños que se deban adoptar y que se consideren más adecuados y convenientes acompañados, en su caso, de las instrucciones oportunas sobre su correcta ejecución y plazo de realización.
Al respecto, se proponen como medidas para prevención las recogidas en el Real Decreto 1432/2008 por el que se establecen consejos para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión; y las que contempla la Resolución complementaria de octubre de 2010 del conseller de Medio Ambiente.
Así mismo, el fiscal le pide a la conselleria que si no es competente para la tramitación y resolución de este expediente de responsabilidad medioambiental, remita las actuaciones al órgano que considere.
