VALENCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, ha manifestado este jueves que la "amenaza de inconstitucionalidad" del Estado al pacto valenciano de horarios comerciales "no tiene justificación", primero porque hace referencia a "aspectos muy menores" de la norma y en segundo lugar porque está "muy claro" que está "dentro" de la norma constitucional y "dentro" de las competencias de la Generalitat.
Costa se ha pronunciado en estos términos tras la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de convocar la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat para resolver "discrepancias" en relación con la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, a raíz de los cambios que establece en materia de horarios comerciales y que fueron pactados con el sector en el marco del Observatorio del Comercio, tras varios meses de negociaciones.
Precisamente para despejar las "dudas suscitadas" al respecto, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat ha elaborado un informe en el que defiende la norma autonómica y argumenta jurídicamente cada uno de los puntos que el Gobierno central pone en cuestión.
En concreto, ha explicado Costa, el Gobierno se "queja" de que la normativa autonómica pueda determinar, en su artículo 17, que los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 9 de octubre y el 25 de diciembre "no puedan ser aperturables y argumenta que, según el artículo 4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, las CCAA podrán determinar qué domingos y festivos podrán permanecer abiertos, con un mínimo de diez, pero no ampara la facultad de determinar los que no podrán ser habilitados a efectos comerciales.
No obstante, el documento elaborado por la Dirección General de Comercio recuerda que en la fase de exposición pública no se recibieron alegaciones en contra de las organizaciones representativas de los intereses de los consumidores y usuarios.
Además, Costa ha aludido a una sentencia del Tribunal Constitucional --la 221/2016, del 15 de diciembre de 2016, en un caso análogo sobre el Decreto-ley de Cataluña 4/2012 de medidas en materia de horario comerciales y determinadas actividades de promoción-- que "sí habilita la competencia autonómica para determinar que esos días no sean aperturables".
Además, Costa sostiene que "no tiene sentido la argumentación que hace (el Gobierno) de que esos días de gran atractivo comercial, pues de todos es conocido que son días de pasar en familia". Costa ha apuntado que "tampoco se puede defender desde el punto de vista de la gran afluencia turística, ya que "sobre todo la campaña de Navidad no se caracteriza por ser de gran afluencia turística sino que la gente tiende a volver a su lugar de origen a pasar la navidad y Reyes en familia". "Por tanto, no se sustenta desde ningún punto de vista", ha insistido.
En esta línea, se ha referido también a la "limitación" que plantea el Gobierno a que la norma autonómica, en su artículo 21, determine que se puedan revisar las Zonas de Gran Afluencia Turísticas (ZGAT) cada cuatro años, prorrogables por idéntico período. Según Costa, "tampoco está justificada porque la propia Ley estatal determina que las ZGAT estarán vigentes mientras duren las circunstancias que dieron lugar a su declaración".
Por tanto, ha argumentado Costa, "queda claro que tenemos que tener algún mecanismo en la CCAA para comprobar que los criterios se mantienen, se cumplen y por tanto cada cuatro años los ayuntamientos habrán de acreditarlos".
"TRASFONDO POLÍTICO SIN NINGÚN SENTIDO"
En opinión de Costa, "esto tiene un trasfondo político que no tiene ningún sentido". "Después de que el sector haya llegado a un acuerdo prácticamente unánime, tras muchos meses de trabajo y muchas reuniones, ahora resulta que el Gobierno del PP impugna un acuerdo en contra del acuerdo y de los intereses de las empresas valencianas y sus trabajadores y de la propia Generalitat", ha lamentado.
