MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha justificado el ascenso a comandante de un guardia civil procesado por abuso de autoridad argumentando que su situación procesal no es óbice para esta promoción, puesto que no existe una condena por sentencia firme contra él.
Así lo asegura el Ejecutivo en respuesta al portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la Comisión de Interior del Congreso y diputado valenciano de IU, Ricardo Sixto, quien registró una pregunta en la Cámara Baja interesándose por el caso de este agente de la Benemérita, que está adscrito a la compañía de Sueca (Valencia).
En su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz explica que el capitán de la Guardia Civil cuyo ascenso cuestionó Sixto recibió el aval de la Junta de Evaluación de Capitanes para ser nombrado comandante al no incurrir en ninguna de las circunstancias invalidantes que se incluyen en las normas de evaluación y clasificación del personal de la Guardia Civil.
Interior especifica que esta normativa sí establece como "causa invalidante para el ascenso" el "haber sido condenado en sentencia firme por delito", algo que, recalca "no se ha producido". Es más, el Gobierno subraya que el entonces capitán reunía todas las condiciones necesarias para el ascenso.
SUS SUBORDINADOS HUYEN DE LA COMPAÑÍA
En su pregunta, el diputado de IU denunciaba que los problemas con ese mando de la Guardia Civil habían comenzado en abril de 2011, ya que desde esa fecha constan denuncias de sus subordinados sobre los "férreos controles" realizados por el capitán. Sixto también apuntaba que desde entonces "se ha detectado un éxodo inexplicable de más de 60 agentes" de los cuarteles de Sueca, Carlet y Llombai, que están bajo su mando.
El portavoz de Interior de la Izquierda Plural añadía que un juzgado de Sueca dictó una orden cautelar de alejamiento de las dependencias del cuartel contra el capitán, preguntaba si se estaba aplicando y si el Ejecutivo había iniciado alguna investigación interna sobre los "abusos de autoridad" y "agresiones a subordinados" de los que se acusa a dicho agente.
El Gobierno se limita a reconocer que "la persona de referencia se halla procesada por un presunto delito de abuso de autoridad", pero dice no tener constancia de "resolución judicial alguna" contra él. Así las cosas, defiende que "no procede la apertura de expediente disciplinario alguno" en tanto en cuanto el Juzgado Togado Militar correspondiente no resuelva. Será en ese momento, detalla, cuando se "abrirán las oportunas diligencias para la investigación de los hechos y adopción de las medidas a que hubiere lugar".
