VALENCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El 'Índice DEC 2014', de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales otorga a la Comunitat Valenciana una calificación "irrelevante", de 0,6 puntos sobre diez, y señala que la región sigue ocupando el último puesto en la clasificación autonómica en el desarrollo de su sistema de servicios sociales y "no alcanza la excelencia en ninguno de los tres aspectos contemplados: derechos y decisión política, esfuerzo económico y cobertura".
El informe explica que las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana "han recortado 109,5 millones de euros anuales en su ya exiguo gasto en servicios sociales" y deberían invertir 566 millones de euros más al año para equipararse a la media estatal.
Su perspectiva es negativa debido a que las administraciones públicas han reducido su gasto en servicios sociales un 3,9% en 2013 respecto a 2012 y cuatro indicadores de cobertura empeoran respecto a la anterior aplicación, mientras que sólo tres registran mejora.
A nivel nacional, las comunidades autónomas y entidades locales han gastado en servicios sociales 2.212 millones de euros menos en términos absolutos, entre 2011 y 2013, según el informe, que concluye que los servicios sociales en España están en "acusado proceso de deterioro" en un momento en que son "más necesarios que nunca ante la crítica situación que viven cientos de miles de familias empobrecidas" como consecuencia de la crisis.
En materia de derechos y decisión política, el estudio destaca que la Comunitat Valenciana "sigue adoleciendo de un marco normativo que garantice derechos ciudadanos" en materia de servicios sociales y "carece también de instrumentos de planificación y ordenación del sector, y no ha sido capaz de integrar eficazmente la atención a la dependencia en el sistema de servicios sociales".
Apunta que, además de estar un 36,09% por debajo de la media estatal de gasto en servicios sociales (110,77 euros menos al año), las administraciones públicas valencianas (Consell y entidades locales) han reducido su gasto total en servicios sociales un 9,85% en los dos últimos años, pasando de 217,56 euros por habitante y año en 2011 a 196,14 euros en 2013, 21,42 euros menos por habitante y año.
GASTO EN RELACIÓN AL PIB
La región también se encuentra por debajo de la media estatal en lo que supone el gasto que realizan sus administraciones públicas en relación con el PIB regional, al situarse en el 1,03% frente al 1,41% de media estatal.
Asimismo, el porcentaje que supone el gasto en materia de servicios sociales sobre el total de su gasto es inferior a la media estatal, con un 5,89% frente al 7,74% nacional, aunque ha incrementado ligeramente desde el 5,77% de 2011.
En el total del gasto en materia de servicios sociales que realizaron las administraciones públicas en 2013 la aportación de la Generalitat supone el 71,1% y la de las entidades locales el 28,9%. Así, el Consell financia un 12,16% del gasto que realizan las entidades locales en materia de servicios sociales, un porcentaje es muy inferior a la media estatal, del 27,93%.
"El Gobierno de la Comunidad Valenciana no sólo tiene menor protagonismo en materia de servicios sociales que el que existe a nivel estatal por parte de los gobiernos autónomos, sino que tiene una colaboración mucho menor con sus entidades locales en esa materia, lo que evidencia la falta de compromiso del gobierno, que explica, sin duda, la posición que ocupa en este ranking estatal, y el hecho de que su cobertura en materia de servicios sociales sea la más débil de España", apunta el informe.
INDICADORES
El informe DEC señala que la Comunitat Valenciana "no ofrece información" sobre tres indicadores: plazas residenciales y en centros diurnos y ocupacionales para personas con discapacidad, y plazas en centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.
En cuanto al resto, mejoran tres indicadores (las personas en el limbo de la dependencia, la cobertura de las rentas mínimas de inserción y los acogimientos familiares de menores) y empeoran cuatro (trabajadores en plantilla en centros de servicios sociales, albergues y centros de acogida, cobertura del sistema de atención a la dependencia, la cuantía de la renta mínima de inserción y las plazas de alojamiento para personas sin hogar).
Según detalla el estudio, cada trabajador de la red básica de servicios sociales tiene más del doble de población a atender que la media estatal, con uno por cada 6.537 habitantes, y se da "la mitad de cobertura que la media estatal en prestaciones o servicios tan importantes como la atención a la dependencia, en sus rentas mínimas de inserción, en plazas públicas en residencias de personas mayores o en ayuda a domicilio para personas mayores".
"No deja de llamar la atención que lo que reciben como media los perceptores de sus rentas mínimas de inserción sea sólo un 5,35% de la renta media por hogar en esa comunidad, mientras la media estatal llega al 13,81%. Realmente esa cuantía es más una limosna que una prestación que pueda ayudar a ninguna persona o familia a mantener un nivel de subsistencia", apuntan los autores del informe.
"TIENE TODO POR HACER"
Ante estos datos, el documento señala que la Comunitat ""tiene todo por hacer en materia de servicios sociales, incluso para acercarse a la media estatal en prácticamente todas las prestaciones y servicios", y "hace falta un profundo y radical replanteamiento de las políticas sociales".
Por ello, recomienda elaborar un marco normativo que reconozca derechos subjetivos propio de un modelo de Estado Social moderno y acorde, al menos, con los planteamientos que ya tienen elaborados en la mayor parte de las comunidades autónomas, así como "elaborar una planificación de servicios sociales que permita acercarse a la media del conjunto del Estado en las materias más importantes" como la red básica de servicios sociales, atención a la dependencia, rentas mínimas de inserción, plazas residenciales y ayuda a domicilio para personas mayores, y plazas de alojamiento y atención a personas sin hogar.
"Podemos calcular el coste que supone este esfuerzo para acercarse a la media estatal en estas materias: 566 millones de euros más al año, por parte de las administraciones públicas y de manera especial de su gobierno autónomo", concluye.
