El juez cita a Vicente Huerta por la investigación de PAI dentro de la 'trama del fuego' tras pedir declarar

 

El juez cita a Vicente Huerta por la investigación de PAI dentro de la 'trama del fuego' tras pedir declarar

Huerta (centro) acompañado de letrados
EUROPA PRESS
Actualizado 28/02/2017 12:34:02 CET

VALENCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) ha citado a declarar la próxima semana al empresario Vicente Huerta por la pieza de la 'trama del fuego' relacionada con presuntas irregularidades en la tramitación de Programas de Actuación Integrada (PAI). Esta citación se ha producido después de que el investigado lo haya solicitado voluntariamente, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la causa.

Se trata de una de las cinco piezas de la 'trama del fuego'. En este juzgado se instruyen otras dos, una relacionada con un delito contra la Hacienda Pública del grupo Avialsa, y otra con el aeródromo de Viver. Sin embargo, la pieza de los contratos de extinción de incendios que afecta al exconseller y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Serafín Castellano se ha remitido a la Audiencia Nacional; mientras que también se ha enviado a un juzgado de Valencia una pieza relacionada con Castellano y la empresa Taroncher.

Según ha podido saber Europa Press, el empresario de Avialsa Vicente Huerta solicitó voluntariamente acudir a declarar por la pieza de los PAI, por la que por el momento no se le ha interrogado, y el juez le ha citado para el próximo 9 de marzo. El empresario acudirá a declarar a no ser que se incorpore antes en la causa un informe que está pendiente, y en ese caso su letrado podría pedir la suspensión.

En la pieza de los PAI se investiga si excargos públicos --el exalcalde de Quartell por el PP Francisco Huguet y el exvicealcalde Emilio Mañez-- beneficiaron a empresarios --Vicente Huerta y el exgerente Francisco Alandí-- con la adjudicación de PAI a cambio de regalos o de inmuebles y plazas de garaje vendidos a un precio inferior a su coste real.

Se investigan diferentes PAI como el del Polígono Industrial La Foya de Quartell; el del Sector Industrial de la Alquería Blanca de la misma localidad; el PAI Residencial Alfara; el PAI Nova Alfara; el Proyecto de Reparcelación Forzosa Sectores S1 y S3 Alfara de Algimia; y el PAI Quartell-Prodaemi.

Como ejemplo de la manera de funcionar de estos investigados, se encuentra el PAI de la Alquería Blanca de Quartell, adjudicado a una empresa de Jesús Domingo. Tras esta adjudicación, el entonces alcalde --Huguet-- y su mujer adquirieron de esta mercantil una vivienda unifamiliar en Sagunto, en cuya escritura se fijó el precio de compraventa por importe de 275.369,45 euros, al tiempo que se determinó que en mayo de 2006 se pagaron 90.000 euros, sin que se determinase cómo, según se detallaba en uno de los últimos autos dictados por el juez instructor.

En el contrato privado de compra-venta se fijó el precio de la vivienda en 329.354,63 euros, sin IVA, y este documento fue hallado con ocasión de la entrada y registro que se practicó en el domicilio de Huguet. Sin embargo, el precio que se fijó en la escritura de compraventa fue finalmente de 257.354,63 euros, es decir, una rebaja de 72.011 euros.

Además, en lo que concierne a la comparativa con una vivienda adosada similar a la adquirida por parte de Huguet, se fijó un importe de transmisión en la escritura de 348.688,23 euros.

Y la misma operativa siguió Mañez, quien en junio de 2007 adquirió junto a su esposa una vivienda unifamiliar en Sagunto, por 276.279,94 euros, si bien se determinó que 40.500 euros fueron pagados en efectivo el día 22 de junio de 2005, otros 90.000 euros fueron ingresados en la cuenta de la vendedora, y los restantes 145.779 mediante dos cheques. Sin embargo, no existe ningún recibí en cuanto a la entrega de 40.500 euros.

El pasado mes de septiembre se registraron las últimas detenciones en el marco de esta pieza: los empresarios Jesús Domingo, Domingo Muñoz y Miguel Ángel San José Calabuig, así como el exasesor del exconseller de Territorio y Sanidad Rafael Blasco. Los cuatro, que estaban siendo investigados por un delito continuado de cohecho, de blanqueo de capitales, de malversación de caudales y de falsedad en documento público, quedaron en libertad con cargos.

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