VALENCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juez del 'caso Emarsa', que investiga un agujero millonario en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), ha impuesto una fianza de 13.700.000 euros para el exgerente y el exjefe de Explotaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) --empresa pública de la Generalitat--, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, respectivamente, imputados en el procedimiento, según consta en un auto con fecha de este jueves.
El magistrado ha accedido de esta manera a las solicitudes que realizaron la fiscal del caso y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que ejerce de acusación. Así, fija esta fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse a lo largo de la investigación y ordena formar dos piezas separadas de responsabilidad civil.
Tanto Morenilla como Bernácer fueron imputados en el 'caso Emarsa' a mediados de abril de 2012. Morenilla ostentó durante todo el periodo objeto de investigación (2004 a 2008) uno de los cargos de máxima responsabilidad dentro del organigrama funcional de la Epsar; mientras que también, aunque en un escalón inferior, Bernácer ejerció las funciones de jefe del Departamento de Explotaciones del ente público.
El juez les imputó basándose, en parte, en las declaraciones vertidas en la fase de instrucción por el ex director financiero de Emarsa, Enrique Arnal; por el exinformático Sebastián García, conocido como 'Chanin'; y por el exgerente, Esteban Cuesta. En concreto, el primero de ellos declaró que era "evidente" que "solamente los señores Morenilla, Bernácer y Crespo --Enrique Crespo--, disponían de los medios necesarios para organizar la trama Emarsa y enriquecerse de forma desmedida".
Por su parte, 'Chanin' indicó que tenía conocimiento, por palabras del propio Esteban Cuesta, de que existía un "fraude organizado" por Crespo, Morenilla y Bernácer, "que consistía en sobrevalorar el precio del lodo".
Asimismo, para imputar a Morenilla y a Bernácer, el magistrado tuvo en cuenta los apuntes aportados por las acusaciones. En concreto, la acción popular apuntaba "irregularidades" en la constitución de las reuniones de la Comisión de Seguimiento del convenio de 2004, coincidentes en el tiempo con el periodo objeto de la investigación.
