VALENCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
La jueza que investiga el accidente del metro de Valencia registrado en julio de 2006, en el que murieron 43 personas y resultaron heridas otras 47, ha pedido a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que identifique a los miembros del Consejo de Administración en el momento del siniestro, así como una carta que mandaron los sindicatos a la directora gerente tras otro accidente en septiembre de 2005 en Paiporta (Valencia).
Así consta en una providencia dictada por la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, frente a la que cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días.
En la nueva resolución, la jueza reclama a FGV información sobre las competencias atribuidas a la Dirección de Operaciones y a la Dirección de Auditoría y Seguridad en la Explotación, así como sobre la composición del Consejo de Administración, identificando a sus componentes en la fecha del siniestro. También pregunta por las competencias de los mismos.
Así mismo, y a instancias de una parte, la magistrada pide a FGV que aporte el original de un escrito que remitieron representaciones sindicales a la directora gerente a raíz de un accidente que hubo en Paiporta el 9 de septiembre de 2005.
Respecto a esta carta, la jueza recuerda que su contenido fue objeto de debate en la sesión del Comité Extraoridnario de Seguridad de 25 de septiembre, y la misma hace referencia a la colocación de balizas previas a las señales semafóricas protegidas por balizas de señal, y todo ello a raíz del accidente de Paiporta, balizas previas cuyos gráficos aparecen en las páginas 10-15 del pliego de condiciones funcionales y técnicas de Siemens.
Por otro lado, la magistrada cita como testigos a tres vocales sindicales del Comité de Seguridad para el próximo día 22 de septiembre, y respecto a la petición de imputación de seis directivos de FGV, la jueza pide a la parte que lo ha pedido que concrete los hechos que motivarían estas citaciones. Por último, admite un recurso de apelación contra el auto que denegó la recusación del perito.
