VALENCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha concluido la instrucción de una de las piezas separadas del 'caso Vaersa' y ha acordado el procesamiento de los dos exdirectores de esta empresa pública dependiente de la Generalitat Valenciana por autorizar el pago del complemento de productividad de 1.825.458 euros a varios trabajadores y a sí mismos entre los años 2007 y 2011, sin el visto bueno del Consell.
Según el auto de procedimiento abreviado facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que pone fin a la instrucción, la magistrada estima que concurren "indicios racionales" de que los exdirectores Felipe Espinosa y Enrique Simó podrían haber cometido delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa por "las irregularidades cometidas en el abono de la productividad a los empleados de la entidad pública Vaersa, vulnerando la legalidad vigente".
Lo hicieron, señala la resolución, "con conciencia plena de la ausencia de autorización por parte del Consell para proceder al abono correspondiente, tal y como exigen las leyes de presupuestos anuales de la Generalitat Valenciana".
La instructora explica que en el ejercicio 2007, el entonces director general, Espinosa, adoptó la decisión de repartir con cargo a los fondos públicos de la entidad 367.475 euros entre diferentes empleados.
Lo hizo, según recoge el auto, "pese a no contar con la debida autorización del Consell, presuntamente a sabiendas de que no existía dicha autorización, actuando al margen de la legalidad vigente y con conciencia plena de ello y con perjuicio para las arcas públicas". De esta cantidad de dinero, Simó, que entonces aún no ocupaba la dirección, sino que era jefe de Departamento, percibió la suma de 10.283 euros.
El ex director general Felipe Espinosa actuó de igual manera en 2008, cuando repartió cerca de 416.000 euros; en 2009 el importe ascendió a 477.726 y en 2010 distribuyó 501.707, de los que 14.353 fueron entregados al mismo Espinosa y 11.369 a Simó.
La misma práctica la mantuvo en 2011 la persona que le sucedió en la dirección de la empresa, Enrique Simó, que repartió con cargo a los fondos públicos 62.624 euros, de los que 28.932 fueron entregados a Espinosa al cesar en su cargo y 5.256 al mismo Simó.
Así, los dos exdirectores fueron perceptores de esos fondos repartidos de forma supuestamente irregular. En total, Espinosa cobró cerca de 60.000 euros y Simó, 48.000.
De las cantidades indebidamente abonadas a los jefes de departamento de Vaersa en concepto de productividad durante 2011, que ascendieron a 62.624 euros, se les reclamó la devolución a ocho de ellos, pero solamente tres procedieron al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, 11.756 euros. Simó también procedió al reintegro de la suma que recibió ese año, 5.256 euros.
Sin embargo, Simó no reclamó "en ningún momento" la cantidad indebidamente abonada a Espinosa, que solo en 2011 ascendió a 28.932 euros, ni tampoco a la jefa del departamento de Recursos Humanos, Anna Bayarri.
El auto de procedimiento abreviado pone fin a la instrucción y supone dar traslado al fiscal y a las acusaciones personadas para que diga si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias.
En el supuesto de que el ministerio público entienda que debe celebrarse juicio porque hay indicios de delito, presentará el correspondiente escrito de acusación --en un plazo de diez días--.
Cumplimentado este trámite, la instructora dictará auto de apertura de juicio oral y dará traslado de la acusación del fiscal a los abogados de los acusados para que, a su vez, presenten sus escritos de defensa.
SOBRESEIMIENTO DE LA EXCONSEJERA DELEGADA
La magistrada ha dictado otro auto en el que acuerda sobreseer la causa respecto de la exconsejera delegada y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, que fue imputada después de que uno de los exdirectores afirmara que ella había autorizado verbalmente el abono de los sobresueldos.
La jueza considera que los hechos supuestamente delictivos "se produjeron al margen de cualquier tipo de intervención por parte de la señora Ureña, al no haberse podido vislumbrar ningún tipo de participación en los hechos objeto de imputación".
En el 'caso Vaersa', Instrucción 15 investiga desde junio de 2014 a los dos exdirectores de esta empresa pública; a la exdirectora de recursos humanos, Ana Bayarri, y al abogado Vicente Bru, imputados en distintas piezas separadas por delitos de prevaricación y malversación, relacionados con el pago de sobresueldos, irregularidades en la contratación de vehículos y el pago de minutas millonarias a un abogado sin mediar contrato.
